La Oficina Anticorrupción (OA) celebró este miércoles la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria para los casos de corrupción, una iniciativa que en sus puntos más salientes establece que estos delitos «son imprescriptibles» y que prevé además aumentos de penas para los funcionarios públicos.
«Expresamos nuestra satisfacción y pedimos al Senado que apruebe esta normativa que fue elaborada por esta dependencia y enviada al Congreso por el presidente Mauricio Macri, quien en la apertura de las sesiones ordinarias del actual año pidió su tratamiento y sanción», señaló la OA en un comunicado.
Esta iniciativa permite sancionar a las empresas -y no sólo a las personas físicas- por delitos de corrupción y promueve la cooperación entre el sector público y el sector privado.
El proyecto prevé la posibilidad de lograr acuerdos de colaboración con las empresas a cambio de información para poder identificar a las personas físicas que cometieron los delitos.
Además, no solo penaliza sino que también busca introducir «buenas prácticas» y dotar de mayor eficacia a las políticas de lucha contra la corrupción a través de «la generación de incentivos» por tener normas de integridad, para que las empresas prevengan la comisión de delitos e implementen programas de integridad.
«Este es un gran paso y ha sido posible por el impulso del Poder Ejecutivo y por la búsqueda de consensos entre los diputados», expresó la titular de la OA, Laura Alonso.
Desde el organismo señalaron que contar con esta ley -que ya la tienen otros países como Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia- es un requisito indispensable para incorporar a nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Argentina es el único de los 41 países ratificantes de la Convención OCDE que no tiene una ley de responsabilidad penal empresaria en casos de corrupción.
