Carlos Gonella, ex titular de la Procelac
«La existencia de una sociedad off shore es un indicio grave y suficiente para iniciar una investigación penal. La justificación de que una firma no tiene movimiento me parece absurda, porque es una obligación declararla», afirma el fiscal Carlos Gonella. Hace unas horas, el juez federal Sebastián Casanello reclamó a Panamá y Bahamas información sobre el rol de Mauricio Macri en las empresas descubiertas a su nombre en paraísos fiscales. En un bar del barrio porteño de Congreso, el ex titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) revisa el impacto político de la revelación que involucra al presidente.
«En mi experiencia, las sociedades offshore se crean para violar la ley. En algunos casos hay comportamiento delictivo y en otros no, pero si no, no tendrían razón de ser. No mencionarla implica violar la declaración jurada. Y si se detecta que hubo circulación de activos es mucho más grave», explica.
Después de casi cuatro años como fiscal antilavado, Gonella consideró «cumplidos los objetivos» y renunció a la Procelac. Desde ese organismos impulsó la persecución penal de criminales millonarios: bajo su gestión se iniciaron 400 causas penales y se incautaron más de 5000 millones de pesos. Pero también recibió denuncias en su contra, como la que lo llevó a estar procesado por prevaricato en el caso Báez. «No cometí ningún delito -replica-. Se inició la investigación apenas se emitió el programa de Jorge Lanata. En 48 horas logramos recolectar reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que vinculaban a (Federico) Elaskar y (Leonardo) Fariña. Dimos la opinión técnica, pero no excluimos a nadie ni impartimos orden de no investigar. Hasta ese momento no había méritos para imputar a Báez, y nunca acusé a nadie sólo sobre la base de un artículo periodístico».
¿A qué atribuye aquella denuncia?
No se puede soslayar que hemos avanzado mucho dándole visibilidad a la criminalidad económica y financiera. Hemos hecho 100 allanamientos en la city porteña, en cuevas financieras y casas de cambio que son el poder y, cuando los investigás, te lo facturan en la justicia, en los medios. A partir de eso, apareció una política sistemática de desgaste. Son operaciones. A través nuestro se acusó también a la procuradora Gils Carbó. Desde el gobierno insisten en sacarla del cargo. Creo que va a fracasar el proyecto de ley orgánica del Ministerio Público que quiere licuar las facultades del procurador. Es un burdo atentado a la autonomía del Ministerio Público y la Constitución Nacional.
¿Qué balance hace de estos años en la Procelac?
Creo que nuestro aporte fue darle visibilidad a la criminalidad económica, que antes no estaba. La política criminal estuvo históricamente orientada a los sectores vulnerables. Hay factores culturales que explican por qué, como la comodidad de investigar a quienes no tienen poder de lobby. Además, tampoco se concibe como delincuente a los tipos que viven en un country y andan de traje y corbata. Claramente tenemos que generar ese cambio cultural.
¿Cambiaron las condiciones para investigar el lavado?
Hoy estamos complicados porque el gobierno está desarticulando las áreas de control cambiario en el Banco Central. Tenemos demostrado que las cuevas financieras se fondean, entre otros delitos, con el narcotráfico. Hay una docena de casas de cambio integradas por narcos colombianos que se utilizan para sacar el dinero hacia el exterior. Al bajar esos controles, se va a contrapelo de las líneas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), articular políticas públicas, hacer análisis de riesgo y tomar medidas para mitigar los riesgos. Si bajás los controles al sistema cambiario subís el riesgo de que se cuele dinero del delito organizado y eso está pasando ya.
¿Cómo percibe el caso de los Panamá Papers y el rol de funcionarios del gobierno?
Me parece fantástico que la sociedad sepa que hay empresarios y políticos vinculados a este tipo de estructuras que se crean con el solo objetivo de ocultar el dinero. Las sociedades offshore son para ocultar dinero, para sustraerse de las leyes de su país. No todo es evasión ni dinero sucio del crimen organizado: hay comportamientos elusivos que implican una planificación fiscal más beneficiosa, algunos empresarios eligen un país con una legislación más flexible para crear estas estructuras jurídicas, pero de esa manera no cumplen con el régimen tributario de su país. Esto se debe investigar, llevar a juicio e impulsar desde el Estado para evitar que Argentina pierda esta masa de offshore de 400 mil millones de dólares. Esto produce un efecto de expoliación, si se calcula la pérdida de ingresos por el Impuesto a las Ganancias lo que se podría hacer con ese dinero en materia de políticas públicas. «
