«Si logramos reducir los costos operativos un poco más, la producción será rentable.» Cuando David McManus, CEO de la petrolera Rockhopper, dijo esto, el gobierno de Mauricio Macri recién empezaba aunque ya transmitía públicamente su voluntad de impulsar una profundización de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido, para lo cual la «Cuestión Malvinas», como bautizó el viernes la Cancillería argentina al reclamo de la soberanía sobre las islas, debía ingresar en una nueva etapa.
Tras el acuerdo que la Argentina y el Reino Unido dieron a conocer la semana pasada, McManus debería ser optimista. Es que un escenario de colaboración bilateral en materia de hidrocarburos en torno de las Malvinas derivará inevitablemente en una reducción de los costos de las petroleras que operan en las islas. Lo mismo vale para la pesca y el transporte.
El aislamiento en el que se encuentran las islas en relación al continente, quebrado por el vuelo semanal desde Chile, de los que uno de cada cuatro hace escala en Río Gallegos, Santa Cruz, encarece enormemente cualquier actividad. Los productos finales, de consumo masivo, son entre tres y cuatro veces más caros que en la Patagonia, la región argentina con los precios más elevados.
Los precios elevados valen también para las actividades productivas. Las empresas petroleras y de pesca que actúan en las Malvinas deben apelar a un enorme costo logístico y de mantenimiento para sostener sus operaciones en un contexto de precios bajos de los commodities que producen. Las islas carecen de infraestructura, o industrias y servicios como para hacer de base de emprendimientos relativamente complejos, como la explotación de hidrocarburos. Tampoco juega ese papel la isla Ascensión, a unos 6000 kilómetros de distancia de Puerto Argentino. Así, el tren logístico se extiende hasta Londres, a 12 mil kilómetros, o a Valparaíso, a unos 4000 kilómetros. Hasta ahora, Brasil y Uruguay se han negado a ofrecer soporte a las operaciones comerciales por los acuerdos que tienen con la Argentina en el marco del Mercosur.
Para las empresas, la posibilidad de tener en el continente, a 500 kilómetros de distancia, una base de operaciones es una solución a medida. En el sur de la Patagonia abunda la experiencia en la actividad petrolera y en la pesca. La reducción de costos sería notable.
Que el conjunto de la industria petrolera, no sólo la que opera en Malvinas, ha buscado un acuerdo como el anunciado la semana pasada por la canciller, Susana Malcorra, y el vicecanciller británico, Alan Duncan, es una realidad conocida entre bambalinas. Ese interés tiene una explicación: hasta ahora, las grandes petroleras globales han dejado actuar en el Atlántico Sur a pequeñas firmas que se fondean en el mercado de capitales londinense. La cantidad de estas firmas en operaciones se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. De las 10 que exploraban en la década del ’90, ahora sólo quedan dos, Premier y Rockhopper, a las que están asociadas otras tres como aportantes de capital. Rockhopper absorbió a principios de año a Falkland Oil & Gas, que a su vez compró a la firma Desire en 2014. De esta forma, Rockhopper ha acumulado bloques de exploración en las tres cuencas geológicas que rodean las islas. Y, además, tiene un acuerdo comercial con Premier para la exploración y eventual producción en Sea Lion, el yacimiento estrella de toda la zona y que aparece con mayores posibilidades de producir petróleo en poco tiempo. Según las petroleras, las reservas de Sea Lion alcanzan a 1000 millones de barriles de crudo.
En el sector petrolero se menciona que el acuerdo entre la Argentina y Gran Bretaña abrirá la puerta para el ingreso de las grandes empresas. De hecho, ya tienen vasos comunicantes con las pequeñas firmas, como en el caso de Rockhopper, cuyo capital accionario es compartido por 13 grandes fondos de inversión, algunos de los cuales también poseen acciones de las grandes petroleras. El salto del 10% en la cotización en Londres de las acciones de Rockhopper entre el martes y el viernes pasados hablan de la expectativa creada por el acuerdo entre Buenos Aires y Londres.
Con todo, el que hasta ahora hayan sido las empresas más chicas las que han desarrollado la exploración petrolera en Malvinas ha redundado en un subaprovechamiento de los recursos. Así, sólo el 15% de los bloques han sido adjudicados por el gobierno kelper de las islas. La proyección económica kelper apunta a incrementar la venta de licencias, de las que espera capturar una tasa del 26% sobre el valor de la concesión, y otra del 9% sobre el petróleo extraído, por debajo de las regalías que cobran las provincias argentinas, en torno del 15 por ciento.
El gobierno de Cambiemos ha vuelto a la seducción de los kelpers que desarrolló Carlos Menem 20 años atrás, aunque potenciada. El riojano jamás pudo firmar un acuerdo con los alcances que tiene el que celebró Cambiemos. «
El joint venture con Londres deberá cambiar leyes
El joint venture con Gran Bretaña que busca la administración Cambiemos en el área petrolera choca con varias leyes vigentes, en particular la Ley 26.659, de 2011. La norma prevé castigos de hasta 15 años de prisión y multas por 1,5 millón de barriles de petróleo a las compañías que exploren en la plataforma sin permiso del gobierno. También prohíbe a las empresas que trabajan en la Argentina participar en firmas que operen en la plataforma sin habilitación oficial. Aunque el kirchnerismo promovió la ley, dejó que los fondos que son dueños de Rockhopper siguieran participando en Barrick Gold y GoldCorp, entre otras petroleras y mineras que operan en la Argentina. La ley es contradictoria, además, con un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, para la cual las Malvinas son territorio británico. El Congreso deberá dar su posición sobre este tema, aunque hasta ahora han sido muy pocas las voces de legisladores que rechazaron el acuerdo.
