Si no fuera por un «error» que estalló hace dos años, durante la audiencia de un juicio por la usurpación promovido por la multinacional Benetton, la investigación que ahora indaga sobre el paradero del joven Santiago Maldonado no tendría el contexto político, y policial que eluden las administraciones del presidente Mauricio Macri y del gobernador chubutense Mario Das Neves. El dato resonó el 28 de agosto de 2015, en una instancia procesal por la ocupación de un terreno ubicado en la localidad chubutense de Leleque, Departamento Cushamen, Chubut. Ante el tribunal local la Defensoría Oficial denunció la existencia de un archivo con investigaciones secretas sobre 30 militantes, que nada tenían que ver con el objeto del caso. Esa información, tal como contó este diario en su edición anterior, había sido provista por un agente de la AFI que fue enviado desde Trelew a Esquel para ofrecérselas, sin intervención de ningún juez, a los fiscales provinciales de Esquel Fernando Rivarola, Alicia Révori María Botini. La maniobra fue denunciada ante los tribunales federales por la fiscal del fuero y derivó en el procesamiento «sin prisión preventiva» del espía, de los tres fiscales locales, del comisario Adrian Muñoz y del subcomisario Claudio Rodrìguez. El procesamiento contra todos los involucrados fue resuelto en febrero pasado por el juez federal de Esquel Guido Otranto, el mismo que tiene en sus manos, desde hace 20 días, la investigación sobre el paradero del joven Santiago Maldonado. Este jueves, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia notificó la confirmación del procesamiento del espía, que fue enviado desde Trelew hasta Esquel y cuya identidad es mantenida en reserva por la misma norma. La resolución de segunda instancia fue firmada hace diez días, pero comunicada este jueves a las partes involucradas, entre ellas, los dos abogados querellantes que están a cargo de la defensa de las 30 personas que fueron espiadas por el agente de la AFI.
En diálogo con Tiempo Argentino, el abogado Osvaldo González Salinas explicó que el espía de la AFI, cuyo procesamiento fue confirmado, no es el único que aparece dentro del expediente 12012/2015. También figura un segundo espía que reside en Esquel, y que trabajó en conjunto para confeccionar las fichas que la ex SIDE puso a disposición de los tres fiscales para que lo insertaran en el expediente y blanquearan el procedimiento ilegal que, en rigor, se trata de una de las precausas, o expedientes paralelos, que el organismo de inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación realiza a espaldas de los tribunales. El caso, donde fueron denunciadas las fichas, comenzó como una «usurpación» pero viró velozmente a una investigación para indagar cargos de «terrorismo». Este diario accedió a las fichas realizadas. Se trata de 26 legajos realizados a integrantes del Movmiento No A la Mina, donde se puede apreciar que los agentes recopilaron detalles personales, hábitos, ubicación, filiación política y opiniones individuales para profundizar la persecución de esos activistas. Entre ellos, están los abogados Gustavo Macayo y González Salinas, que representan a los docentes, periodistas, y activistas espiados, aunque el segundo de los dos letrados fue uno de los diez concejales de Esquel hasta diciembre de 2015 y también fue objeto de las operaciones de espionaje.
«Nosotros creemos que las tareas de inteligencia continúan y con más fuerza. Lo que se supo hace dos años fue un error que cometieron porque se les traspapeló el archivo. Pero esto continúa con más virulencia, y lo sabemos de gente que milita por los derechos humanos en Esquel y que está siendo hostigada e investigada en sus trabajos. Eso nos preocupa mucho, aunque toda la operación de espionaje hay que enmarcarla en el pedido de extradición contra el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, porque el espía procesado habría sido enviado a Esquel para tratar de saber donde estaba el lonko cuando no se sabía su paradero», detalló González a este diario.
La confirmación del procesamiento contra uno de los dos espías investigados multiplica las chances para que los demás acusados corran la misma suerte. En el caso se encuentra probado que sin autorización expresa del Director General o el Subdirector General de la Agencia, el agente XX se relacionó con la fiscal jefe y el fiscal general de Esquel, María Bottini y Fernando Rivarola. Se reunió con ellos la mañana del 28 de mayo de 2015, haciendo alarde de su condición de agente de inteligencia y les ofreció colaboración en la investigación por la ocupación de tierras en Leleque, aportando al respecto diversa información digital. Del mismo modo se ha acreditado que el mismo entabló relación funcional con personal de la División de Investigaciones de Esquel de la Policía del Chubut, sostiene la resolución, sobre la otra prueba determinante del expediente: un video de 56 minutos y 15 segundos, perteneciente al fiscal Rivarola, que decidió filmar en su oficina al espìa que fue a visitarlo. Cuando la Defensoría Oficial denunció la existencia de las fichas, el fiscal acusado aportó el video para exculparse. Sin embargo, advirtieron los querellantes, hay un detalle temporal: la filmación fue realizada el 15 de mayo de 2015 y recién fue denunciada el 31 de agosto de ese año. Los fiscales tuvieron ese archivo durante 4 meses y no hicieron nada, salvo denunciarlo cuando fueron acusados, explicò el ex concejal. En la indagatoria ante Otranto el espía dijo para defenderse que no hay nada de clandestinidad en su accionar. Pero los camaristas consideraron que las constancias fílmicas de la entrevista mantenida acreditan el conocimiento que el mismo tenía respecto a la ilegalidad de su accionar.
Las conclusiones del tribunal de alzada confirman la existencia de una operación de inteligencia que habria comenzado antes de 2015 y que, segùn los activistas espiados, continúa en la misma zona donde desapareció Maldonado, en un plan de persecución instrumentado desde la AFI, con el apoyo del gobierno de Chubut, para controlar el nivel de conflictividad en zonas sensibles para las corporaciones mineras y también para multinacionales como Benetton. La precausa que el espìa de la AFI niega, no sòlo revela el nivel de autonomía de los aparatos de espionaje estatal. También siembra sospechas sobre el rol de Gendarmería en el control de la zona, y en la llamativa presencia de Pablo Nocetti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Frente a ese dilema está el juez Otranto, que ahora decidió que intervenga el Equipo Argentino de Antropologìa Forense en la búsqueda de Maldonado. «
