Una jueza porteña condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por tolerar que las escuelas privadas nieguen la matriculación a alumnos con discapacidades y le ordenó elaborar en el término de 30 días una política pública “para garantizar el derecho a la educación inclusiva”.

La jueza en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Patricia López Vergara hizo lugar a un amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y declaró “la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la conducta omisiva” del Ministerio de Educación porteño.
“El Estado tiene la oportunidad –y la obligación– de convertirse en faro y guía de las acciones para fomentar, potenciar y salvaguardar la inclusión de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. Y de remover las barreras que con su propio accionar se han erigido en obstáculos para el colectivo de autos”, sostuvo la jueza.

La ACIJ había denunciado “a omisión del gobierno local de controlar, evaluar, fiscalizar a las escuelas comunes de gestión privada, a raíz de la práctica discriminatoria en que éstas incurren al negar la matriculación a niños, niñas y adolescentes debido a su discapacidad”.

Esa conducta, añadió la Asociación, “resulta violatoria de los derechos a la educación, a la igualdad y a la no discriminación”.

El fallo, de más de 60 páginas, le ordena al gobierno de la Ciudad adoptar las medidas necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada.
La causa se inició en 2019 y ya registró exhortaciones y sanciones incluso económicas por la conducta del gobierno porteño.

El fallo estableció ahora que, además, que el gobierno porteño deberá establecer “un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas”.

“No es factible concebir un Estado que lleve a cabo o que tolere prácticas atomizantes, francamente reñidas con el modelo social de la discapacidad, que hace años nuestro país comenzó a transitar, como contracara del antiguo modelo médico”, subrayó la jueza López Vergara.

El fallo aclara que no se inspira en la lógica judicial “en que una parte gana y otra pierde. ¡Acá toda la sociedad debe ganar! y el Estado cobija y debe velar por la sociedad toda, con extensión de una igualdad que enriquezca al conjunto a través de las diferencias”.

“Este tipo de proceso demanda el involucramiento con diversidad de actores sociales a fin de construir la solución al caso. En particular, se exige un rol proactivo del gobierno local –responsable de las omisiones aquí verificadas– en la elaboración e implementación de una política pública concreta en materia de educación inclusiva”, resumió la resolución.