La prórroga por cuatro años de la Ley de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas no logró sancionarse en el Congreso pese a los insistentes reclamos de diversas comunidades, que hasta incluso acamparon afuera del Parlamento. Por esta razón intervino el Ejecutivo, pero desde el bloque del oficialismo que comanda en la Cámara Baja Germán Martínez hay legisladores que insisten en no dejar que se pierda el estado parlamentario de la iniciativa sobre el tema que votó el Senado.  

Décadas de injusticia y dolor viven los pueblos originarios que habitan todo el territorio nacional y que en la actualidad en el aspecto legal sólo se encuentran a merced del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó en noviembre del año pasado el presidente Alberto Fernández.

En diálogo con Tiempo, la diputada del Frente de Todos Verónica Caliva expresó su solidaridad con las mujeres y pueblo Mapuche tras los acontecimientos de público conocimiento. Camino a la provincia de San Luis para participar del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, la salteña aseguró que será un tema a abordar este fin de semana en tierras puntanas y adelantó a este medio que “la semana que viene vamos a seguir discutiendo dentro del bloque porque hay límites que no se pasan y hay que reparar urgentemente tanto daño que el Estado y los gobiernos le hacen a las comunidades indígenas”.  

En ese sentido, se refirió a la iniciativa que tuvo apoyo en el Senado para prorrogar hasta el 23 de noviembre de 2025 la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que prohíbe el desalojo de las comunidades de todo el país. “No podemos permitir que pierda estado parlamentario el proyecto de consenso de la senadora Nora del Valle Giménez”, indicó. 

“Es una situación muy grave porque si no terminamos los relevamientos territoriales van a seguir pasando episodios como el desalojo en Villa Mascardi”, señaló Caliva al tiempo que comentó que esos episodios “los vivimos durante todo el año en Salta y Jujuy, pero la gravedad en este caso es que quien reprime, desaloja y traslada como si fuesen terroristas las hermanas mapuches son las fuerzas federales, es decir responsabilidad del gobierno nacional”.  

Como miembro del FdT, cuestionó: “Una cosa es que reprima Gerardo Morales en Jujuy o Gustavo Sáenz en Salta y otra es que también desde el gobierno del Frente de Todos se reprima, eso es inaceptable”.  

La norma establece desde 2006 las características legales del derecho de propiedad de los territorios comunitarios en el marco del relevamiento técnico, jurídico y catastral. Esta ley, propiciada durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner y prorrogada por Ley 26.554, Ley 26.894 y Ley 27.400, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas por el término de cuatro años, y suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras comunitarias. Además, la normativa dispone que el INAI debe realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. 

Sin embargo, desde que el pasado agosto renunció al organismo la abogada Magdalena Odarda todavía no fue designada formalmente Analía Noriega, de la fundación Napalpí. Por esta razón, hoy las comunidades indígenas se encuentran sin interlocutor, ya que todas las reuniones que se mantienen con Noriega son informales, debido a que sin decreto de designación desde el ministerio su figura no cuenta como autoridad.