«A 46 años del golpe genocida, y luego de dos años de cuidar y cuidarnos, volvemos a marchar a la Plaza de Mayo, nuestra Plaza, como se está haciendo hoy a lo largo y ancho del país», abrió el documento, que transitó una amplia gama de reclamos.
El texto fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
2001, Macri y el FMI
«¿Dónde están los responsables de la miseria planificada en la dictadura? ¿Dónde están los que se enriquecieron con el hambre de nuestro pueblo?», se pregunta el documento y exige «juicio y castigo» para sus responsables civiles.
Luego, el texto avanza históricamente desde la recuperación de la democracia hasta el presente, en el que afirma que «durante décadas sufrimos las políticas de ajuste y la presión internacional de una deuda externa que siguió creciendo y condicionando nuestra soberanía económica y política».
«¿Dónde están los responsables de la crisis del 2001?», reclama en relación a las 39 víctimas de la violencia institucional que marcó el final del gobierno de Fernando De La Rúa.
El gobierno de Mauricio Macri fue objeto de las críticas en esta misma línea. «En cuatro años de gobierno, el macrismo nos endeudó en US$ 44 mil millones, sin pasar por el Congreso Nacional. Tuvo al FMI como cabecera de puente, dispuesto no sólo a facilitar la fuga de capitales, sino a sostener de su mano las políticas neoliberales que permitieran seguir arrasando nuestras riquezas», afirma el documento.
En esa línea, en Plaza de Mayo se exigió el no pago de la deuda. «Sea como sea, la deuda contraída no se puede ni se debe pagar a costa de más sacrificio y hambre de nuestro pueblo, cuando, una vez más, estamos frente al intento del Fondo Monetario Internacional de dictar nuestro destino».
Inflación
En otro momento de críticas para el gobierno del Frente de Todos, el documento de los organismos de DDHH se refirió a la actual situación económica. «La realidad golpea duro en los hogares del pueblo argentino. Los efectos del macrismo y de la pandemia del COVID-19 fueron y son devastadores para los sectores más humildes y clase media».
«Nos preocupa ver cómo nuestros ingresos se licúan y evaporan cada vez que compramos en un almacén, carnicería, verdulería o supermercado», continúa el texto. «Los pocos empleos que se generan no son estables y, muy por el contrario, son cada vez más precarizados. Por eso, el gobierno que elegimos para resolver todos estos graves problemas tiene que dar soluciones firmes aquí y ahora».
Respecto de la interna en el gobierno sobre el futuro de los planes sociales, el documento expresó: «Queremos una Patria inclusiva, solidaria y de movilidad social ascendente. Que se asimile el trabajo genuino al empleo formal y se lo contraponga a la ayuda social que necesariamente tiene que proveer el Estado a aquellas familias marginadas por el macrismo, es inaceptable».
Cifras
Los organismos de DDHH destacaron en el documento que en «16 años de juicios efectivos por delitos de lesa humanidad con 1.058 condenados son una conquista que nunca debemos minimizar. 273 sentencias dictadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales el 15 por ciento incluyen condenas por abusos sexuales como delitos autónomos».
Además, hicieron hincapié en cómo durante la pandemia aumentaron las consultas de personas con dudas sobre su identidad: «Sólo en tiempos de aislamiento, desde Abuelas de Plaza de Mayo se atendieron alrededor de 1.500 consultas de personas con dudas sobre su origen».
Reclamos al Poder Judicial
Respecto del Poder Judicial, el documento oficial leído en el acto central en Plaza de Mayo reclamó la democratización de la Corte, mayor perspectiva de género, leyes contra el negacionismo y el fin de los arrestos domiciliarios a genocidas. Además, reclamaron por la libertad de Milagro Sala.
«Nos preocupa el incremento de beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisiones preventivas. Actualmente, 579 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Del total de personas investigadas en este momento, hay 764 personas detenidas, mientras que 1.532 permanecen en libertad», definieron. «En este marco, consideramos urgente la sanción de un marco normativo que promueva la prevención y ponga límites a las prácticas negacionistas y discursos de odio».
«Es imperioso democratizar no sólo la Corte Suprema de Justicia, cuyo desprestigio es absolutamente notorio, sino todo el Poder judicial en la Argentina», expresaron, al tiempo que afirmaron que «necesitamos que esa gran transformación de la Justicia sea atravesada también por la perspectiva de género. Una justicia inclusiva y respetuosa de la diversidad».
En sus últimos párrafos, el documento define que «hay aún hoy en nuestro país, decenas de presas y presos políticos, víctimas de causas armadas a pedido, hostigados y perseguidos, ilegal y arbitrariamente, sometidos al modelo represivo que supo instalar Macri y sus aliados, que sorprendentemente sigue vigente, con la complicidad de un sistema de justicia inmune a cualquier intento de revisión. Sin duda alguna, el más evidente y emblemático es el de la dirigente social y política Milagro Sala».
