La conferencia de prensa en la que Cristina Fernández, senadora electa, atribuyó al presidente Mauricio Macri la orquestación de una serie de maniobras para presionar a los legisladores ante el cronograma de leyes que se deben votar en los próximos días apuntó a dejar al desnudo una compleja trama de intereses que confluyen y que integran Cambiemos, un sector del Poder Judicial, algunos dirigentes del justicialismo y grupos de poder internacionales.
La amenaza de aplicar el recurso de la prisión preventiva sin sentencia firme, o su utilización de hecho, es una de las armas de esa entente que busca conseguir varios objetivos en paralelo: aprobar las reformas que implican un indiscutible ajuste y pérdida de calidad de vida para trabajadores y jubilados; debilitar o condicionar la influencia de CFK en la Cámara Alta; profundizar la sintonía inédita del gobierno macrista con la derecha israelí, y por lo tanto, exhibir en todo el mundo el castigo que recibe un ex jefe de Estado y su equipo de colaboradores más cercanos por haber intentado hacer avanzar el juicio por el atentado de la AMIA a través de la firma de un memorándum aprobado en el Parlamento pero, paradójicamente, nunca puesto en práctica.
La clave de la coordinación entre el juez Claudio Bonadio, el senador Miguel Pichetto y la administración de Macri, más allá de la autonomía que se declama públicamente, está en el momento elegido por el magistrado para ordenar el procesamiento, el desafuero y la prisión preventiva de la ex mandataria.
La decisión de disponer esas medidas judiciales una vez que CFK hubiera jurado como senadora puso a Pichetto en un rol de virtual árbitro del futuro inmediato de la ex presidenta.
Desde el ballotage de 2015, el senador rionegrino fue uno de los adalides en la cruzada por deskirchnerizar al peronismo a la mayor velocidad posible. En las últimas dos semanas, Pichetto escenificó (y endureció) su pretensión de erradicar la anomalía del proyecto de centroizquierda (sic) y de restaurar un PJ que se ubique en el centro ideológico con una sucesión de hechos políticos desafiantes, hasta agresivos, que buscaban provocar, acorralar u obligar a CFK a pegar un portazo. A constituir su propio bloque.
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Una de esas provocaciones de Pichetto fue la forma en que se determinó quién sucedería a la santacruceña Virginia García como representante del Senado en el Consejo de la Magistratura. García, abogada y periodista, cuñada de Máximo Kirchner, asumió su banca en reemplazo de Pablo González, actual vicegobernador. Su mandato vence el 9 de diciembre.
García había propuesto a Anabel Fernández Sagasti por su condición de mujer, por ser abogada, por capacidad para resistir presiones- para sucederla en el Consejo. Lo planteó en una reunión con Pichetto: éste le dijo que su candidato era el experimentado senador salteño Rodolfo Urtubey, pero que en todo caso sumara voluntades. García se tomó ese trabajo pero fue en vano. Poco tiempo después se enteró con el hecho consumado de que el nuevo representante ante el Consejo sería Urtubey, respetado por los consejeros más cercanos al macrismo.
Fue a través de un escrito, enviado al organismo que evalúa la conducta de los jueces el jueves 30 de noviembre.
Otra actitud beligerante hacia Cristina fue el reciente anuncio, otra vez motorizado por Pichetto, de que él encabezará un nuevo bloque, Argentina Federal, con alrededor de 20 senadores.
Esa decisión enterró con uno de los pocos espacios de poder que mantenía el peronismo, en este caso legislativo, y que le garantizaba una mayoría muy holgada, casi absoluta: el autodisuelto bloque FpV-PJ. Pichetto hizo pública la conformación de este nuevo agrupamiento en la Cámara Alta apenas unas horas antes de que Bonadio sorprendiera con la detención de madrugada de Carlos Zannini, la posterior de Luis DElía y el pedido de desafuero y prisión preventiva para CFK.
«Es incomprensible que, de repente, el peronismo y sus aliados pierdan la condición de bloque mayoritario, con la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores, que era el último dique institucional para evitar normas como la precarización laboral, como la reforma previsional, advirtió con aire intrigante la propia Cristina en la rueda de prensa del jueves por la tarde.
La escribanía de Cambiemos y el desvelo de los opo-oficialistas:
¿Cómo evitar el costo político de levantar la mano para las reformas laboral y previsional?
En otro aspecto de esta coincidencia de intereses convergentes, Cristina mencionó dos hechos que dan crédito a la sospecha de que el gobierno de Macri estaba al tanto de las decisiones judiciales de Bonadio.
En la madrugada del jueves, cuando Zannini fue detenido por la Policía Federal, el ex secretario legal y técnico se topó con fotógrafos y cámaras de televisión que estaban ubicados en un lugar privilegiado, para no perder detalle, registrar todo y transmitir en directo.
Era casi las 2 de la madrugada. CFK también mencionó un despliegue infrecuente por el horario y la cantidad de cuentas en Twitter involucradas- para amplificar rápidamente la noticia a través de Internet. De repente, todo el escenario mediático y de redes es copado por una noticia. Fue una actividad solamente imputable a los troll (usuarios que intentan manipular en las redes sociales utilizando cuentas falsas) center del gobierno. Es impensable que a las 2 o 3 de la mañana sepan que algo va a suceder y estén atentos en la red, razonó la ex mandataria.
Más allá de esas presencias en la madrugada de Río Gallegos o en el tráfico de Twitter y Facebook, también es sensato suponer que la actuación de la Policía Federal en el sur en un operativo especial que incluía la detención de un ex altísimo funcionario del kirchnerismo y su posterior traslado por avión a Buenos Aires no pudo haberse concretado sin que estuviera informada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y con ella el propio Macri, por supuesto.
Macri es el director de la orquesta, Bonadio ejecuta la partitura musical, fue la metáfora que utilizó CFK para subrayar la sucesión de casualidades, o causalidades.
Dirigida al presidente, la denuncia que pronunció la senadora electa en la provincia de Buenos Aires (con casi 38% en las últimas elecciones, lo que equivale a 3 millones y medio de votos) fue observada desde el mismo salón del bloque de Diputados del FpV-PJ por un grupo de senadores que estuvo allí para expresar su solidaridad.
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Eran la senadora por Chaco María Inés Pilatti Vergara, cercana a Jorge Capitanich, quien durante la conferencia de prensa estuvo sentada al lado de Agustín Rossi, en un lugar de bastante visibilidad. También se vio a María de los Ángeles Sacnun, senadora por Santa Fe. Lo mismo sucedió con la riojana Hilda Aguirre, quien concluye su mandato en diciembre. Al igual que María Ester Labado, senadora por Chubut.
La lista de senadores presentes sumó además a los chubutenses Nancy González y Mario Pais, este último consejero de la Magistratura que reemplazó al desplazado senador por La Pampa Ruperto Godoy, otro de los presentes. Por supuesto, también estuvieron la santacruceña García, la mendocina Fernández Sagasti y la correntina Ana Almirón, las tres dirigentes de La Cámpora en sus respectivas provincias.
Todos ellos observaron y escucharon desde el escenario de los hechos, frente a la propia Cristina, cómo un cronista parlamentario le preguntaba a la senadora electa qué esperaba de Pichetto, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias políticas que tuvieron en los últimos días.
La respuesta de la ex jefa de Estado dejó en evidencia que, a pesar de estar a tiro de desafuero, Cristina no piensa abandonar ni moderar el rol de opositora con mayor peso específico, una voz en el Congreso que no se deja condicionar por las amenazas judiciales ni por el tratamiento mediático que prepara el camino para que el Poder Judicial complete la tarea.
De hecho, a pesar de la ofensiva en su contra y de los esfuerzos por aislarla, CFK prepara un proyecto de ley para regular y poner un freno a las tarifas de servicios públicos que impulsará desde su banca en el Senado.
Más importante que medir la actitud frente a los pedidos de desafuero, lo que yo voy a solicitar a todos los compañeros y compañeras que vengan del peronismo, y también a los que no forman parte de él pero creen que el ajuste va a perjudicar a los trabajadores y a los jubilados, a que se pronuncien, más que defendiendo a una senadora, defendiendo la necesidad de custodiar los derechos de los jubilados, de los trabajadores y de las grandes mayorías nacionales, fue la respuesta completa- de CFK.
Unas horas antes, Pichetto había ratificado -con un estilo lacónico, como si quisiera minimizar el tema- que el flamante bloque Argentina Federal mantendrá la postura histórica del Senado de no conceder el desafuero si no hay sentencia firme. La gran mayoría considera que no procede, había dicho.
Pichetto también había adelantado que el pedido de desafuero planteado por Bonadio se trataría recién en marzo.
Con el envío al Parlamento del pedido de sesiones extraordinarias, se descuenta que el tema tendrá estado parlamentario antes de fin de año: luego deberá tratarlo la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque antes de analizarlo deberán elegirse las nuevas autoridades de las comisiones dado que en esta semana hubo modificaciones en la integración y el número de integrantes de los distintos bloques.
Pichetto y Bonadio se conocen muy bien. Tienen una mirada común sobre la necesidad de preservar siempre la gobernabilidad, expresan un peronismo institucionalista y sistémico, que en cierta medida co-gobierna y que, en el fondo, no ve con malos ojos la agenda económica de la normalización neoliberal.
También admiran profundamente a la democracia estadounidense, como lo refleja la participación regular de ambos en las actividades de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para La Nueva Argentina (FEPESNA), que dirige una mujer muy allegada del juez, Laura Velásquez.
Pichetto fue uno de los asistentes, por ejemplo, a la disertación que dieron el gurú del marketing político PRO Jaime Durán Barba y Julio Blanck, editor de Clarín, a finales de octubre. Un mes antes, a mediados de agosto, el senador fue uno de los disertantes junto con Federico Pinedo y el encuestador Carlos Fara- y el propio Bonadio uno de los espectadores, como lo atestiguan las instantáneas del evento.
Con el pedido de desafuero, el senador rionegrino tendrá un arma de negociación para intentar un contrapeso frente a lo que más temen los legisladores que votan proyectos incómodos: que una voz con repercusión garantizada en la opinión pública se los reproche públicamente, y que esas decisiones no puedan ser disimuladas, mantenidas en el perfil bajo de las sombras.
