Organizaciones sociales y civiles anunciaron que realizarán el tercer censo popular de personas en situación de calle después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera con el acuerdo para realizar un trabajo conjunto. Indicaron que el relevamiento oficial subregistra población y no utiliza una metodología adecuada.

La semana pasada la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, informó que hay 2500 personas viviendo en las calles de la Capital Federal. Según los datos del gobierno, 1000 duermen a la intemperie y 1500 en paradores. Las organizaciones populares criticaron las cifras y afirmaron que realizarán un nuevo censo para tener “información fehaciente y exhaustiva’”. La socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Rosario Fassina, indicó que trabajaron “durante seis meses para consensuar la metodología y tener una fotografía correcta, pero la búsqueda de consenso no resultó”. 

El 23 de diciembre de 2020 se firmó un acuerdo para hacer un censo conjunto entre organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno. Sin embargo, en mayo la administración de Horacio Rodríguez Larreta decidió hacerlo sin las agrupaciones. “Subregistra a la gente en situación de calle porque hace un recorte de la ciudad. Se releva en algunas zonas como avenidas o estaciones de trenes. Debería ser un recorte exhaustivo hecho a pie y no desde una camioneta. Además, la apertura temporal debería ser mayor porque esta población tiene la particularidad de que todo el tiempo se está moviendo. Tiene que existir una metodología que se adapte. La ventana temporal no es completa si se hace en una sola noche entre las 18 y las 6 de la mañana. Tampoco censaron a la población que está en los centros de integración”, le explicó Fassina a Tiempo Argentino.

El último censo popular se realizó en el 2019 y registró a 7.251 personas en situación de calle, de las cuáles 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio. Las cifras fueron muy lejanas a los datos oficiales para ese año que relevaron a 1.141. En el nuevo relevamiento participarán ACIJ, Proyecto 7, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nuestra América y Aires. Aún no hay fecha de realización porque depende de la situación epidemiológica. Mientras tanto trabajan con especialistas en Infectología para la confección del formulario que incluirá preguntas sobre Covid. Además habrá un apartado para abordar la violencia de género. Se estima que participarán 1000 voluntarios y voluntarias y habrá asistencia de universidades públicas.

El director de la ONG Proyecto 7, Horacio Ávila, criticó el censo difundido por el gobierno porteño. Dijo: “No tiene asidero coherente ni lógico”. “Lo hicieron en un contexto desfavorable, en pleno confinamiento. Porque fue en esa semana de restricción horaria fuerte y las personas se van corriendo a los lugares céntricos y dejando las ranchadas porque la policía los corre y violenta. La restricción horaria comenzaba a partir de las 20 y ellos empezaron 19.45. Previamente hubo una especie de barrido de parte del ministerio, entregando subsidios habitacionales en la calle, llevando gente como para que el número le diera mucho menos. Además, es irrisorio pensar en esta cuestión de que en el 2019 les daba 1141 personas y ahora les da 2500, de los cuales 1500, según ellos, están en dispositivos. O sea que estamos hablando de 1000 personas en la calle real, le da menos que en el 2019”, le dijo Ávila a Tiempo.

“En un contexto donde venimos de cuatro años de arrastre de economía en crisis y caída del trabajo, en el 2020 la pandemia nos afecta fuerte con cierre de pymes, comercios, con inflación del casi 50% y llegamos al 2021 con indicadores de crecimiento de la pobreza muy fuertes. A ellos les da menos el número. Hay un montón de circunstancias que indican que de ninguna forma te podía dar menos que en el 2019. Creemos que hay un 30% de crecimiento de la población real”, agregó el referente de Proyecto 7.

Por su parte, Fassina indicó que no hay un enfoque cualitativo sino que es sólo un conteo de personas. “Un censo de este tipo no te permite establecer políticas públicas acordes. Para el 2021 el Gobierno de la Ciudad dejó la meta fija para los subsidios habitacionales”, afirmó.

“Estadísticas y Censos son muy cuadrados en estas situaciones. No evalúan distintas posibilidades. Metodológicamente se encargan de lo cuantitativo y no evalúan lo cualitativo. Cuentan bultos, subidos a los móviles, sin bajarse ni tener contacto con las personas. Todo eso no es válido, ni siquiera es un relevamiento, es un conteo. Hay circunstancias muy desprolijas que hacen que este conteo sea una vergüenza”, afirmó Ávila. “Estadísticas y Censos son muy cuadrados en estas situaciones. No evalúan distintas posibilidades. Metodológicamente se encargan de lo cuantitativo y no evalúan lo cualitativo. Cuentan bultos, subidos a los móviles, sin bajarse ni tener contacto con las personas. Todo eso no es válido, ni siquiera es un relevamiento, es un conteo. Hay circunstancias muy desprolijas que hacen que este conteo sea una vergüenza”, afirmó Ávila.