Cuatro de las principales asociaciones periodísticas argentinas presentaron una nota al ministro de Trabajo y Producción de la Nación, Dante Sica, en la que expresan su “preocupación” por la situación del sector y solicitan al Gobierno la conformación de una “mesa de diálogo” , sugieren “la instrumentación de mecanismos y procedimientos que faciliten el desenvolvimiento económico” de las empresas privadas y también solicitan, para las “empresas medianas y pequeñas, sobre todo del interior”, respuestas “en términos de financiamiento productivo, empleo, regímenes impositivos y previsionales, planes de pago, adecuación a futuro de regímenes laborales para favorecer el empleo, etcétera”.
Se trata de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER).
Entre otros puntos, estas entidades señalan como argumentos para el pedido de ayuda estatal, caídas en los ingresos publicitarios “superiores al 40 % en términos reales en el último año, que se suman a caídas reales de entre diez y quince puntos por año en los anteriores. A lo que se suma un progresivo deterioro en la circulación en papel. El crecimiento aún incipiente de la suscripción digital, está muy lejos de compensar las pérdidas mencionadas”. E insisten: “Este cuadro general ha producido la desaparición de numerosos medios en distintos puntos del país. A ello se agrega el cierre de plantas impresoras, la reducción y discontinuidad de ediciones, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Todo esto requiere nuevos enfoques para defender el empleo del sector…”.
El pedido de los grandes jugadores
En este sentido, cabe recordar que tres de los cuatro presidentes (Martín Etchevers, de ADEPA; Eugenio Sosa Mendoza, de AEDBA; Nahuel Caputto, de ADIRA) de las entidades firmantes de este pedido se han encontrado vinculados, de manera directa o indirecta, al Grupo Clarín, el mayor beneficiado por las políticas gubernamentales nacionales en materia de medios de comunicación en la era Cambiemos.
En el punto específico de la regulación del papel, el Grupo se anotó un nuevo beneficio a fines de diciembre pasado, cuando el Senado de la Nación aprobó, a instancias de los legisladores oficialistas y de la mayoría de los parlamentarios del autodenominado “peronismo federal” un proyecto impulsado por el diputado nacional Diego Bossio, que derogó, dentro de la normativa vigente, todos aquellos artículos que tienen que ver con la regulación de precio, stock, obligación del abastecimiento y publicación periódica de la actividad de Papel Prensa, firma que comparten el Grupo Clarín y el diario La Nación con el Estado nacional.
En otras palabras, se eliminó la obligatoriedad de Papel Prensa de abastecer el mercado local y también se dejó de lado la regulación del precio de venta. Lo que implica que el resto de los medios, para acceder a ese insumo vital, se encuentran sometidos a la voluntad de esos competidores que mantienen una posición dominante.
Por otra parte, el documento expresa una contradicción discursiva al solicitar ayuda y presencia al Estado de estas grandes entidades privadas, mientras menospreciaron, minimizaron e incluso estigmatizaron y ridiculizaron los reclamos de los medios comunitarios, cooperativos y PyMEs en este sentido, acusándolos de querer sobrevivir en base a la ayuda estatal. Y por su composición, todo indica que tienen representación entre los grandes jugadores del sector –que, con el Grupo Clarín a la cabeza, obtuvieron con este Gobierno un beneficio tras otro- y no así entre los medios privados pequeños, ni tampoco entre los comunitarios y cooperativos.
