Las direcciones de nueve municipios bonaerenses, junto con comisiones y asociaciones por la memoria de más de 40 distritos, lanzaron una Red Provincial de Derechos Humanos. La herramienta de coordinación y trabajo es el resultado del encuentro realizado hace un mes en el ex Centro Clandestino de Detención de la dictadura cívico militar El Infierno, en Avellaneda, donde se consensuó un acuerdo fundacional: cohesionar el trabajo territorial para continuar y profundizar los derechos conquistados en la última década. Y qué hacer en los territorios en el nuevo contexto político planteado por el gobierno de Cambiemos.
En su documento fundacional lanzado en los últimos días, la Red Provincial de Derechos Humanos se plantea articular acciones, propuestas y prácticas para convertirse en una herramienta de organización y contención para quienes venimos sosteniendo un trabajo militante en Derechos Humanos y que ya no contamos con el amparo y acompañamiento de las políticas del Estado.
El nacimiento fue el 2 de julio en el sur del Conurbano, durante el Encuentro en el que más de 250 militantes y funcionarios provenientes de 43 distritos discutieron y trabajaron sobre Lesa Humanidad, Violencia institucional, y Género y Diversidad. Allí surgió el primer acuerdo: crear una red que funcione como un espacio de unidad y articulación de acciones colectivas de lucha, por la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos en el territorio bonaerense.
La Red surgió como un espacio que reúne tanto a las direcciones de DD.HH de los distritos de Escobar, Florencio Varela, Hurlingham, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, San Martín, Avellaneda y Ensenada, como a organismos como la APDH de Bahía Blanca, H.I.J.O.S, Asociaciones por la Memoria, de Ex Detenidos, de Ex-Presos Políticos, ATTTA de Avellaneda y de Escobar, y organizaciones de memoria y familiares de Quilmes, Tandil, Pergamino, Mar del Plata, Necochea, Junín, Lincoln, San Nicolás, San Pedro, Olavarría, Punta Alta, entre otros.
La principal preocupación es el vaciamiento de las políticas de Estado. En el encuentro surgió la preocupación por el aumento alarmante de las prisiones domiciliarias a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, que ahora se sabe que son más de 50, y por la cantidad de juicios que ya están elevados pero que aún no tienen fecha de inicio, explicó la ex directora provincial de políticas reparatorias, Marina Vega.
Pero esas no fueron las únicas preocupaciones. También remarcaron que la gestión estatal envía señales preocupantes como poner en duda el número de desaparecidos, el recibimiento en la ex ESMA a defensores de los genocidas, la re edición del Nunca Más con el aval a la Teoría de los Dos Demonios, además del ocultamiento y el denuesto de los avances y conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Y en ese camino, conformaron una lista de reivindicaciones surgidas del intercambio, que tuvo en primer lugar el repudio a la detención ilegal de Milagro Sala y la exigencia de su inmediata liberación. También el rechazo a la persecución política y judicial de militantes y a su demonización mediática.
Además de los juicios y el cese de las domiciliarias, las demandas apuntaron a la continuidad de la reparación a ex detenidos, del trabajo de identificación del Equipo Argentino de Antropología Forense, así como la implementación del patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género, el cupo laboral trans, el registro y seguimiento de casos de violencia policial e institucional, entre otras.
