A dos meses del primer juicio por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en Laguna Paiva, la mayoría de los ex policías provinciales condenados fueron liberados por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe al considerar que ya habían cumplido dos tercios de la pena.

La decisión de los jueces José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría se debe a las bajas penas que el tribunal decidió imponer en la sentencia, donde la mayoría de los acusados recibió entre 6 años y 6 meses de prisión y 5 años.

Hasta el momento, se les concedió la libertad condicional a los ex oficiales del D2 Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde, al ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Mendoza, y al ex cabo Antonio González. El pedido de Omar Epifanio Molina está aún pendiente y Guillermo Raúl Chartier, jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Santa Fe, sigue detenido ya que recibió una pena mayor, de 16 años de prisión.

“Estamos muy alarmados, muy preocupados por estas 4 libertades otorgadas por el mismo tribunal de juicio. Esto tiene una íntima relación con las penas pedidas por el fiscal (Martín Suárez Faisal) y escogidas por el Tribunal, que fueron extremadamente bajas en relación con la magnitud de los delitos, la gravedad y a los daños que ocasionaron a las víctimas”, señaló a Tiempo Federico Pagliero, abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario.  

El caso más polémico es el de Riuli, quien se recicló como conductor de radio y televisión de Laguna Paiva tras dejar la policía y vive en la misma ciudad que sus víctimas, quienes ahora volverán a cruzarlo en las calles como ocurrió durante los años de impunidad.  La única condición que le impusieron fue que no puede pasar a menos de 200 metros de sus casas.

En este contexto, organismos de derechos humanos de la provincia, familiares y sobrevivientes convocaron para este viernes a las 11 a una movilización bajo el lema “Se escribe libertad condicional, se pronuncia impunidad”. La concentración se realizará en los tribunales federales de Santa Fe, en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo.

La movilización acompaña además un pedido de indagatoria para los 6 condenados y para el exjuez Víctor Brusa por una serie de crímenes cometidos contra 30 personas, en su mayoría niños y niñas, cuyos testimonios se escucharon durante el juicio oral pero no habían sido parte de la causa.  

“Exigimos ya la apertura del nuevo proceso, que se indague, se impute a los genocidas y se dicte de manera urgente la prisión preventiva en cárcel común, porque entendemos que cada segundo se encuentran en libertad se está dañando y revictimizando a las víctimas”, sostuvo Pagliero y añadió: “Otorgar libertad concedida a dos meses de la sentencia es muy burdo. Vamos a ejercer nuestro derecho de cuidar estos juicios entre todos y todas”.

Laguna Paiva II

Durante el juicio oral que se desarrolló entre mayo y julio de este año se investigaron los casos de Catalino Páez, quien había sido referente del PRT en la región, su esposa Juana Medina, su hijo de 14 años Mario Páez, y de 8 compañeros de militancia vinculados al Frigorífico Nelson de Laguna Paiva, donde habían conformado la agrupación La Lucha.

Sin embargo, quedaron afuera de la causa unos 30 hechos, entre ellos 16 niños y niñas que fueron secuestrados junto a sus padres o abandonados en sus casas cuando la patota de la policía de Santa Fe buscaba al dirigente del PRT.

En esa feroz cacería, primero fueron a la casa de su hermana, María Ceferina. El 8 de febrero, una patota de unas 15 personas irrumpió en la madrugada en su casa en la localidad de Esperanza y se la llevó, dejando solos a sus 5 hijos e hijas: Ramona (14 años), Susana (13 años), Mario (11 años), Ramón (8 años) y Miguel (7 años). A su esposo Luis Medina también lo secuestraron ese mismo día en su lugar de trabajo. Susana, de 13 años, tomó la iniciativa de buscar a sus padres y a sus hermanos más pequeños, que habían sido llevados a un hogar transitorio. En esa búsqueda fue también secuestrada, permaneció una semana privada ilegalmente de su libertad y fue violada.

Cuatro días después, la patota fue a buscar a otro hermano de Catalino, Miguel, a un campo de Esteba Rams, unos 250 kilómetros al norte de la capital provincial. Miguel, su esposa Elba Medina y su hija Graciela de 15 años fueron torturados allí mismo. También estaban los hijos más pequeños, Miguel Alfredo, de 8 años, José Santiago, de 6, y Rodolfo Lemos, de 5. Toda la familia fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), donde permanecieron alrededor de un mes.

Dos días después, los policías llegaron hasta el horno de ladrillos donde trabajaba y vivía toda la familia de Catalino. Se lo llevaron a él, a su esposa Juana y a su hijo Mario. En la ladrillera quedó Mónica, de apenas 13 años, al cuidado durante semanas de sus cinco hermanitos: Ramón (10 años), Carlos (8 años), Alberto (5 años), Cesar (3 años) y Ceferino, de 1 año y medio.

A partir del pedido de indagatorias, la querella busca impulsar un rápido inicio de este juicio, ya que la mayoría de esos niños y niñas, ahora adultos, declararon como testigos en el debate, en el que repasaron el horror que les tocó vivir ese verano hace más de 40 años.