Un nuevo revés judicial para el millonario Joe Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri, por la compra de las tierras de Lago Escondido, consideradas dentro del área de seguridad y, que por lo tanto, no pueden ser adquiridas por extranjeros.

La causa por la compra irregular de Lago Escondido, Río Negro, propiedad del millonario Joe Lewis, se reactivó porque la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución de la Sala I que había rechazado la denuncia penal. En consecuencia se revocaron los sobreseimientos de Charles Barrington Lewis, hijo de Joe, y cuatro ex funcionarios de la provincia, acusados de haber actuado en favor de la venta.

Pese a lo que parecen infinitos recursos del millonario Joe Lewis, el fiscal general Santiago Eyherabide de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció que la venta de las tierras iba en directa oposición Ley de Defensa Nacional 23.554 y el Decreto Ley 15.385/44. Estas normas prohíben que las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima sean adquiridas por personas o empresas no nacionales. Sin embargo, en 1996, se logró que cerca de 11.000 hectáreas de tierras del área de seguridad de frontera con Chile pasaran a manos extranjeras. En este caso, la Sala III coincidió con la Fiscalía.

En pocas palabras, la maniobra bajo investigación consistió en que personas jurídicas nacionales solicitaran las autorizaciones para la adquisición de las alrededor de 11 mil hectáreas, pero en paralelo se transfirieron las acciones de esas sociedades a empresas extranjeras creadas ad hoc. Así, una vez obtenidas las autorizaciones, la transferencia de las tierras se efectivizó a favor de los extranjeros.

Por esta maniobra desde los funcionarios públicos que autorizaron las ventas, la escribanía que actuó en el caso, el responsable del Registro de la Propiedad Inmueble de Rio Negro y las autoridades de las sociedades HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y el empresario británico Charles Lewis, fueron imputados.

En su recurso, La Procuraduría explicó que para este tipo de hechos es necesario establecer plazos de prescripción más amplios y, por lo tanto, la simple invocación de que se ha violado el plazo razonable no es suficiente. Al mismo tiempo, señaló que hay funcionarios que desempeñaron sus cargos hasta el año 2012.