Aunque transcurrieron más de cinco meses desde que el 1 de febrero el ejército privado de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, atacó a la marcha que intentaba llegar al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, la causa judicial que debería investigar las violentas agresiones sufridas por los manifestantes no registra ningún avance significativo, según coinciden los defensores de todas las víctimas.
Y entre lo poco que se movió el caso, más allá de lo aportado por las víctimas, quedó documentado que la Policía de Río Negro llevó adelante un pormenorizado trabajo de inteligencia sobre los manifestantes durante cada uno de los días que duró la protesta, además de dejar el campo libre para los ataques.
Las querellas manifestaron reiteradamente su preocupación por la falta de avances en la causa y lo recalcaron en una audiencia de fines de marzo pasado, cuando también pidieron apartar de la causa a la Policía rionegrina. Pero tanto el fiscal Francisco Arrien, que conduce la investigación, como el juez de garantías, Juan Pablo Laurence, desestimaron la queja y se negaron de pleno al reclamo.
Las querellas están compuestas por los abogados Ezequiel Palavecino, Nadina Moreda y Maximiliano Geido, quienes representan por separado a tres grupos de nueve víctimas en total. Todos coinciden en diagnosticar la parálisis de la causa cuando falta menos de un mes para el 2 de agosto, fecha en que vencerá el plazo de seis meses de investigación preliminar que tiene el fiscal para formular la acusación, según dispone el Código rionegrino.
Una de las querellas lo explicó así a Tiempo Argentino: «Hasta donde sabemos no hay notificaciones sobre actuaciones del fiscal, nunca nos han notificado nada hasta ahora. El legajo (expediente) no ha tenido ningún movimiento, sólo el aporte de pruebas que hicimos nosotros. No nos han notificado si se hicieron medidas, si se han identificado algunas personas. Nada, en el legajo no sucedió nada. Ese es el núcleo central de la situación», se alarma.
Otro querellante reveló los obstáculos que se le imponen cuando intenta acceder al legajo. «Me lo escamotean, me dicen que está en despacho, que se lo llevó el fiscal», declaró.
En el legajo lo que sí abundan son las pruebas aportadas por las víctimas. Son varias decenas de fotos, audios y videos que registran los ataques, y en los que se identifican claramente los agresores. Las víctimas aportaron el nombre y apellido de la casi totalidad de ellos. También allí está registrada la notoria pasividad de los uniformados.
Este medio pidió en reiteradas oportunidades dialogar con el fiscal para contrastar la información, pero nunca respondió.
El operativo policial que debía impedir ataques como esos, o los que simultáneamente ocurrían a orillas del Lago Escondido contra otro grupo de manifestantes, estaba conducido en persona por algunas de las más altas autoridades policiales de Río Negro. Para las querellas, eso descarta que la complicidad sea producto de la simple inacción de agentes y suboficiales, sino que obedeció a un plan concreto de los jefes del operativo.
Pero todo se agravó aún más, cuando la Policía entregó a la fiscalía un informe con sus actuaciones a lo largo de la protesta. En poco más de dos carillas, presentan un detalle con el movimiento de los manifestantes: cuántos eran, a qué hora llegaban, sus organizaciones de pertenencia, de dónde provenían, en que vehículos se movilizaban y hasta a qué dirigentes respondían. El reporte menciona algunos de los ataques como «enfrentamientos» y apenas desliza la existencia de «una agresión», que no precisa ni define, a metros de donde se encontraban apostados.
Desde hace ocho años, cada febrero la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) organiza la Marcha por la Soberanía, que reúne cientos de militantes sociales, políticos y sindicales de todo el país para ingresar al Lago Escondido por el punto más corto y accesible (bloqueado por patotas de la corporación Hidden Lake), que es el camino público de Tacuifí, en el paraje el Foyel, ubicado a mitad de trayecto entre Bariloche y El Bolsón.
La Marcha se desarrolló este año entre el lunes 30 de enero y el jueves 2 de febrero. El miércoles, un puñado de manifestantes accedió al Camino de Tacuifí por un sendero turístico lateral llamado Huella Andina, de Parques Nacionales, pero fueron emboscados por las patotas. Ante la mirada impasible de la Policía, los atropellaron con caballos, atacaron con palos, rebenques y grandes rocas, además de robar algunas de sus pertenencias. Las víctimas debieron ser hospitalizadas con heridas abiertas y huesos fracturados.
Una síntesis es el caso de la fotoperiodista de la agencia Télam e integrante de la directiva de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Alejandra Bartoliche: mientras trabajaba para registrar el ataque, un jinete la embistió, comenzó a pegarle con su rebenque y le robó la cámara. Como ella se aferró a las correas para recuperarla, la arrastró por varios metros mientras seguía golpeándola para que suelte la cámara. Finalmente se liberó, fotografió a su atacante y logró huir. Todo delante de la Policía y filmado por un drone.
«A pesar de los videos y de las fotos y del drone, a pesar de todo lo que se vio y recontra vio, de tener los nombres de las personas que nos han agredido, a pesar de todo, no hay nada. Lo que no entiendo es por qué pese a todo eso, no hay nadie citado; no lo puedo comprender», lamentó Bartoliche. «
