La manera en que el entramado del poder real de Río Negro maniobra para disciplinar a los insumisos en esa provincia quedó expuesta como nunca esta semana. Fue durante una audiencia judicial en la que la élite económica, el Poder Político y una parte del Poder Judicial quedaron claramente alineados en defensa de las patotas que el 1 de febrero pasado atacaron con violencia a la Marcha por la Soberanía, que cada año intenta llegar al Lago Escondido.
La escenificación tuvo lugar el miércoles 13 en la audiencia de formulación de cargos (imputación) por la agresión del Ejército Privado de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, contra los manifestantes. Todos los años la repelen con violencia, pero en la última terminó con víctimas hospitalizadas.
En la audiencia, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, se limitó a imputar por el delito de lesiones apenas a cinco personas: arguyó que solo había podido identificar a esos violentos de entre las decenas que aparecen en videos, fotos y testimonios aportados por las víctimas.
En su narración de los hechos solo focalizó el instante del ataque, y no contempló otros actores, organización, premeditación, autores principales y secundarios, instigadores, organizadores o jefes.
https://x.com/tiempoarg/status/1620411834787598337?s=20
Eludió mencionar la complicidad de la Policía que observó el ataque desde pocos metros y sin moverse, y también la realización de inteligencia ilegal sobre los manifestantes verificada en informes oficiales en poder del fiscal. El operativo de seguridad de la marcha estuvo dirigido por altos jefes de la Policía, de lo que se desprende que contó con aval del Gobierno provincial, otro eslabón en la cadena de impunidad.
El fiscal formuló los cargos ante un juez de garantías, Ricardo Calcagno, que apareció sorpresivamente ese día al frente de una causa que hasta entonces tramitaba otro magistrado, Juan Pablo Lawrence. “Yo soy el juez de turno”, clausuró, y de malos modos, cuando le cuestionaron su inexplicable presencia en la audiencia.
Los imputados fueron los hermanos Nicolás y Enzo Puchy, Helvecia Hernández y Víctor Hugo Araneda, defendidos por los abogados José Luis Bianco y Cristóbal Bürhrer. Al quinto acusado, Andrés Saint Antonín, lo defiende Juan Ignacio Sarmiento.
La participación corporativa estuvo encarnada en los defensores. José Luis Bianco es el principal abogado de Hidden Lake y de su administrador, Nicolás Van Ditmar. Lo representa en organizaciones como Consenso Bariloche, Fundación Naturaleza para el Futuro (Funafu) o el proyecto Propiedad Privada Patagónica (PPP), todos ellos korps antimapuche agresivos que se presentan como dialoguistas y protectores del ambiente.
Detrás se esas organizaciones operan intereses inmobiliarios, forestales, turísticos y rurales de grandes grupos locales y transnacionales como Hidden Lake, Benetton, BURCO, la reina Máxima Zorreguieta y las familias reales de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre otros de igual tenor.
En ese bloque milita el abogado Juan Ignacio Sarmiento, de la familia propietaria del estudio jurídico homónimo, tal vez el más grande de Bariloche. Juan Ignacio, además, representa a las estancias de los capitales emiratíes y qataríes en la zona del Alto Río Chubut.
En resumen, las grandes corporaciones pusieron a sus mejores cuadros en materia judicial para defender a las patotas que atacaron a la Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, y dejaron once personas malheridas.
Uno de los sicarios imputados, defendido por Juan Sarmiento, es Andrés Saint Antonín. El día del ataque cargó contra una mujer, la fotoperiodista de la agencia Télam Alejandra Bartoliche, a quien embistió con su caballo y arrastró por varios metros.
https://www.telam.com.ar/notas/202309/640249-lago-escondido-agresion-manifestantes-denuncia.html
Saint Antonín es un operador de negocios rurales y ganaderos en toda la Patagonia. Hijo y hermano de expresidentes de la Sociedad Rural de Bariloche, él mismo integró esa y otras entidades patronales ruralistas. También es el gerente general de las estancias de las familias reales de Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tienen como asesor legal, justamente, a Juan Sarmiento.
Sarmiento también patrocina a Saint Antonín en juicios contra la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu, aledañas a las estancias que administra en el Alto Río Chubut (al sudeste de Bariloche), por ocuparles las tierras ancestrales de veranada, y por actos de violencia contra las mujeres de la comunidad.
Por su parte, el abogado Bianco de Lago Escondido, defiende a tres miembros de la familia Puchy: Enzo y Nicolás son los hijos de José Puchy, y Helvecia Hernández, su pareja. Los Puchy componen un clan familiar y desde hace un siglo son ocupantes provisorios de tierras fiscales a la vera de camino de Tacuifí, que lleva al Lago Escondido. Ellos dirigen las fuerzas de choque que impide el acceso por esa vía.
Los jóvenes Puchy carecen de empleo fijo y actividad conocida. Helvecia Hernández, por el contrario, es una agente de policía con causas por hechos violentos. Ya mereció una condena previa, saldada con una probation, por atacar a la secretaria general de la CTA de El Bolsón, Sandra Contreras, durante la marcha al lago Escondido de 2020.
El cuarto cliente del abogado Bianco es Víctor Hugo Araneda, empleado de la Municipalidad de El Bolsón, muy cercano al secretario de Obras Públicas, Enrique Ibarra, y activo militante de Juntos Somos Río Negro (JSRN), oficialismo provincial y en El Bolsón.
Media docena de personas confiaron a Tiempo Argentino que se desempeña como fuerza de choque al servicio del Municipio y mencionan su nombre en varias acciones violentas contra organizaciones opositoras.
Lo identificaron al frente de la patota que en la noche del domingo 21 de octubre de 2021 disolvió por la fuerza una marcha en reclamo de justicia por el asesinato, ese día, del militante mapuche Elías Garay en la lof Quemquemtrew. Y también en el grupo que, minutos después, atacó dentro del Hospital local a la familia de Gonzalo Cabrera, baleado junto a Garay pero que salvó su vida de milagro.
Al día siguiente su jefe político en El Bolsón, el intendente Bruno Pogliano, celebró al ataque violento y agradeció públicamente a quienes lo ejecutaron. Aquella noche, la Policía provincial había liberado la zona por completo, al igual que lo hizo el 1 febrero pasado en Lago Escondido.
