La decisión de la Cámara Federal de Casación de mudar a Comodoro Py la investigación por el viaje de jueces federales y funcionarios porteños («los huemules») a escondidas al Lago Escondido puso al expediente en una encerrona: el tribunal le asignó la causa a un juez que no debería intervenir por su «amistad manifiesta» con uno de los imputados, pero tampoco excusarse porque se podría estar auto incriminando en un delito.
Los camaristas de la Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña resolvieron definitivamente quitarle el expediente al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, y asignárselo a Sebastián Ramos.
Lo hicieron ante un pedido de «inhibitoria» que formuló otro de los huemules, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. Petrone y Barroetaveña son compañeros de sala de Carlos Mahiques (otro de los que disfrutó del viaje a la estancia del magnate británico Joseph Lewis), quien se excusó. Mahiques no intervino formalmente en la decisión de mandar la causa a Comodoro Py, pero los compañeros de Mahiques adoptaron la decisión que resulta más conveniente para la situación del propio Mahiques. No es un trabalenguas; sólo refleja lo que pasó.
Lago Escondido, el lugar donde se consumó el viaje que pudo haber significado el delito de «dádivas», no queda en la Capital Federal. Sin embargo, el 1 de febrero pasado –apenas reanudada la actividad judicial tras la feria– el camarista federal Eduardo Farah dictó una resolución en la que sostuvo que el lugar donde se cristalizó el presunto delito no es relevante. «A los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios».
Como subrogante en Bariloche, el juez Villanueva –de errática y esquiva actuación en la investigación por el homicidio del referente mapuche Rafael Nahuel– había rechazado el pedido de «inhibitoria» con una resolución impecable, en la que advirtió que «el razonamiento empleado por la Cámara Federal capitalina podría llevar a frustrar el objetivo de comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad».
Entre los que viajaron al Lago Escondido (todo indica que por invitación de dos importantes directivos del Grupo Clarín) estuvo el ahora exministro de Justicia y Seguridad de CABA Marcelo D’alessandro. El juez Sebastián Ramos, a quien le «cayó»· la investigación, es amigo personal de D’Alessandro. Así lo demuestra la última filtración de chats de Telegram conocida en el mismo momento en que Ramos, como Pedro con Jesús, negaba a D’Alessandro ante la Comisión de Juicio Político de Diputados. Aun cuando los chats no pudieran usarse en una causa penal, de todas formas desnudaron una relación de amistad, confianza y favores mutuos entre Ramos y D’Alessandro. El artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial, que rige para estos casos, establece que «serán causas legales de recusación (…) tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato».
Ramos no podría intervenir en la Causa Lago Escondido. Pero ocurre que la recusación la debe plantear alguna de las partes del expediente: los acusados, la fiscalía o el querellante, si lo hubiere. El fiscal es Federico Delgado, quien viene manteniendo un bajo perfil desde hace rato. Aún no ha tomado contacto con el expediente, de modo que es una incógnita qué actitud adoptará frente a la situación de Ramos. Está claro que los huemules no lo recusarán y, por decisión del propio Poder Judicial, la causa no tiene querellantes: el abogado denunciante, Marcelo Hertzriken Velasco, fue rechazado en ese rol en tres instancias judiciales (en dos de ellas incluso fue condenado, por su atrevimiento, a pagar de su propio bolsillo las costas del trámite).
El juez también podría apartarse voluntariamente. Pero si hiciera eso quedaría en evidencia que no debió haber intervenido en el archivo de una denuncia contra el propio D’alessandro por la filtración de los chats. Esa denuncia fue formulada por el abogado Gastón Marano, defensor de uno de los tres detenidos por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, quien invocó su «interés como ciudadano». Debía intervenir la jueza María Eugenia Capuchetti, pero estaba de vacaciones, de modo que en plena feria judicial y tras un –cuanto menos– curioso derrotero, la causa quedó en manos de Ramos. En menos de 48 horas, el fiscal Carlos Stornelli dictaminó por la desestimación de la denuncia que involucraba a D’Alessandro y a Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Ramos, ocultando su amistad con el ex ministro de CABA, archivó el expediente en el que no podía ni debía haber intervenido.
Si se apartara ahora, quedaría claro que no debió intervenir antes. Si no se apartara, podría estar incurso en el delito de «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos». El artículo 249 del Código Penal establece multa e inhabilitación para «el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio».
Para que ello ocurriera, debería haber una denuncia y un fiscal dispuesto a avanzar en ese sentido. Tampoco parece factible: Ramos mintió, bajo juramento de decir verdad, cuando negó su relación con D’Alessandro. Sin embargo el fiscal Guillermo Marijuán consideró que esa mentira no constituía delito y dejó caer la denuncia que había formulado la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, la oficialista Carolina Gaillard.
Sin ser parte de un expediente judicial, cualquier persona podría denunciar la conducta del juez ante el Consejo de la Magistratura. Pero hoy ese cuerpo está paralizado. Volverá a sesionar (incompleto) el próximo 4 de abril para elegir a sus autoridades. En rigor, a algunas autoridades, porque su presidente, Rosatti –el jefe de Silvio Robles–, ya se eligió a sí mismo.
Ramos es protagonista de otro hecho llamativo en una causa a su cargo. A mediados de diciembre de 2022, indagó a la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por la filtración de las fotos de la detención del ex vicepresidente Amado Boudou en jogging y pantuflas en el living de un departamento. Desde el momento de la indagatoria, el juez dispone de un plazo «ordenatorio» de diez días hábiles para resolver la situación procesal del imputado: lo procesa, lo sobresee o le dicta falta de mérito. Ese plazo venció hace casi dos meses, entre el 3 y el 6 de febrero, y no hay novedades.
Establecer cómo se filtraron las fotos de Boudou preso no parece una tarea compleja. Por lo general, un animal que tiene plumas de pato, patas de pato, pico de pato y hace «cuac cuac» suele ser un pato. «
