El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, consideró hoy que «la violencia institucional es un mal que tiene la democracia y debe ser erradicada», al encabezar la reunión del Consejo Federal que integran funcionarios del área de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La violencia institucional es un mal que tiene nuestra democracia, tenemos que trabajar juntos para generar herramientas y mecanismos que nos permitan erradicarla. Tiene que existir un compromiso de todos los poderes. Es necesario un trabajo serio y profundo que nos permita generar un cambio», señaló Pietragalla en el inicio de la reunión.

El encuentro, que se desarrolló de manera virtual, «estuvo destinado a analizar los graves casos de violencia institucional que se registraron en las diferentes jurisdicciones del país, en los que se vieron involucrados miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales», indicaron desde la Secretaría.



Durante la reunión, los participantes acordaron la difusión de un comunicado a través del cual expresan su preocupación por el incremento de los casos y se comprometen a “llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional, coordinando acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos”.

En el documento, se destacan como «las prioridades de esta agenda la modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, la puesta en funcionamiento de los mecanismos locales para la prevención de la tortura, la concientización a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos y la visibilización de la problemática», entre otras.

Asimismo, en el texto se manifiesta «la necesidad de que estas iniciativas se transformen en políticas de Estado, independientemente del signo político de los circunstanciales gobiernos, y que las mismas involucren a los tres poderes»

«Necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables. Un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos”, subrayaron desde el Consejo Federal.