Una misma jornada para dos construcciones políticas. En apenas quince días, cuando Mauricio Macri comience su despedida formal del poder con una movilización en la Plaza de Mayo, las organizaciones sociales que fungieron como actor clave en la resistencia a las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos darán el puntapié inicial para su futura organización sindical. Alberto Fernández será privilegiado observador participante: ese proceso de institucionalización consolida uno de los factores decisivos en el esquema de gobernabilidad y equilibrio que el Frente de Todos diseña para la nueva etapa política.
El triunvirato San Cayetano que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Barrios de Pie, junto al Frente Darío Santillán, formalizarán el inicio de la integración de sus personerías jurídicas para confluir en un sindicato único. Ese camino quedará abierto con un plenario convocado para el sábado 7 de diciembre.
Aunque todavía debe sortear las resistencias refractarias de la CGT, la meta final del sector es integrarse formal y plenamente a la central obrera.
Rompecabezas
La convocatoria al encuentro en el microestadio de Ferro integró la agenda de la reunión que las organizaciones sociales mantuvieron con el futuro presidente días atrás en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). En el mismo escenario donde realizaron periódicos encuentros para organizar la respuesta y oposición a la gestión macrista, los referentes del espacio recibieron de boca del propio Fernández que tendrán un lugar en la futura administración del Estado.
Con la misma precisión, el presidente electo reclamó cohesión para encarar la primera y decisiva etapa del nuevo gobierno que, según descuentan en el FdT, requerirá de acompañamiento político y alineamiento parlamentario para la aprobación del paquete de iniciativas más urgente. “No quiero soldados porque no soy un general . Si aparecen diferencias, que no sean para dividirnos”, sintetizó.
Los dirigentes sociales respondieron con una invitación formal al plenario de presentación del Sindicato o Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, los dos nombres todavía en debate. El sector también aspira a subir al escenario a los potenciales/futuros ministros de las áreas en las que descuentan tendrán injerencia: Daniel Arroyo (Desarrollo Social), María Eugenia Bielsa (Infraestructura y Vivienda), Claudio Moroni (Trabajo) y Gustavo Béliz, a quien mencionan como consejero de AF en el armado del nuevo organigrama del Estado.
“Transitamos el camino de la unidad en la resistencia y ahora tenemos que fortalecerla, integrando a todos los movimientos posibles en una sola gremialidad”, subraya el secretario general de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro a Tiempo.
Para Castro, la articulación de las organizaciones en un sindicato único será una señal para “estabilizar el proceso político” que se abrirá con la sucesión de Macri en un agitado contexto regional. “Los grupos económicos más concentrados responden a intereses vinculados al capital financiero. Por eso necesitamos responder con unidad; para dar la discusión sobre cómo generar producción y trabajo e intercambiar con el resto de los sectores golpeados por el proyecto neoliberal”, puntualiza.
Argumentos y cifras
La nueva etapa detrás de un sindicato único es la resultante de un largo proceso de organización de la economía popular. Ese universo es columna vertebral de la población económicamente activa que es expulsada por el mercado y tampoco tiene resguardo en el sector público.
“Tenemos por lo menos 6 millones de trabajadores en el sector privado; otros 3 millones en el público; y nos quedan 6 millones de personas a las que ni el mercado ni el Estado les van a resolver los problemas, aunque la economía crezca a todo vapor”, diagnosticó Juan Grabois (CTEP) en la presentación de los programas de gobierno del Frente Patria Grande. A su lado, Máximo Kirchner escuchaba atento.
Las organizaciones sociales aspiran a dar volumen institucional a las actividades vinculadas a la construcción de viviendas populares, la agricultura familiar, el reciclado y tratamiento de residuos, la venta ambulante o en ferias que, entre tantas otras, fueron el muro de contención ante la agudización de la crisis económica y el impacto del proceso inflacionario en los estratos más vulnerables.
“Llego la hora de reconocer el carácter laboral de esas tareas y dotarlas de derechos”, repiten los dirigentes sociales. Satisfechos con la primera reivindicación de Fernández -“la economía popular llegó para quedarse”, les dijo en la cumbre de la CEA-, coinciden, sin embargo, en que el camino para lograrlo será largo.
“La unificación en un sindicato es un paso histórico. La construcción desde un mayor grado de unidad abre una nueva etapa para lograr la transformación del Estado en las respuestas a una agenda de soporte social”, señala el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, a Tiempo.
El futuro de los planes sociales –un esquema que Macri despreció para el marketing político pero potenció durante su gestión- está en el centro de la agenda que viene: cómo transformar esa asistencia en trabajo genuino es uno de los ejes de los intercambios con los equipos del futuro gobierno.
