El tironeo por las clases presenciales y el aumento de contagios de coronavirus las sacaron del centro de la escena política. Sin embargo, las revelaciones que hizo la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso durante la semana pasada impactaron como una bomba silenciosa dentro de Juntos por el Cambio. El disparador fue la cantidad de detalles que resumió el dictamen de la mayoría oficialista sobre la utilización del aparato de espionaje en forma ilegal para perseguir a opositores, pero también a una sorprendente cantidad de dirigentes propios durante los cuatro años de la presidencia de Mauricio Macri.
El dictamen lleva la firma de los diputados y senadores del Frente de Todos que integran la bicamercal que preside Leopoldo Moraeau. Es uno de los pocos trabajos realizados por ese organismo desde que fue creado en 2002. Sus 383 páginas son un pasaporte para conocer los principales aspectos de las causas judiciales abiertas, porque todos los involucrados fueron citados para prestar testimonio mientras los expedientes siguen su curso. Como era previsible, la oposición firmó un dictamen de minoría para restarle validez a todo lo actuado y advertir que se extralimitó en sus funciones reglamentarias. Se trata de un recaudo jurídico ante la posibilidad de que los indicios que surgen de las actuaciones puedan abrir otro caso en los tribunales que apunten directamente al expresidente Mauricio Macri, al entonces titular de la AFI, Gustavo Arribas y a la subdirectora Silvia Majdalani.
Durante un año el organismo bicameral les tomó declaración a los exespías que fueron detenidos a mediados del año pasado por decisión del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Fueron 22 detenciones que incluyeron a la jefa de documentación presidencial de la Casa Rosada, Susana Martinengo, como nexo con la red de espías, que luego fueron liberados en su mayoría por decisión de Juan Pablo Augé, que reemplazó a Villena por decisión de la Cámara Federal de La Plata. Sus jueces hicieron lugar a una serie de cuestionamientos sobre su imparcialidad, ya que Villena había firmado dos años antes decisiones que habilitaron tareas de espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando conducía el Instituto Patria.
De acuerdo a las conclusiones del oficialismo en la Bicameral, además de la titular del Senado, la red de espías siguió al jefe de gobierno porteño Horacio Antonio Rodríguez Larreta, su vicejefe Diego Santilli, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad y actual jefe del bloque de diputados macristas, Cristian Ritondo, el obispo Jorge Rubén Lugones, su hermano Luis Enrique Lugones, el camarista federal Martín Irurzun, la diputada nacional Graciela Camaño, su marido y dirigente gremial Luis Barrionuevo, el jefe de asesores de la legisladora, Matías Arreger, el jefe de Camioneros, Hugo Antonio Moyano, el ex intendente de la Plata, Pablo Oscar Bruera, el exintendente de Avellaneda y actual ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, integrantes de la comunidad del pueblo Mapuche, el exsecretario José Luis Vila, el sacerdote Francisco Oliveira Fuster, el dirigente del gremio de Comercio Ramón Muerza, el diputado Waldo Ezequiel Wolff, el extitular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, el extitular del bloque del PRO, Nicolás María Massot, la hija del expresidente Florencia Macri, su novio Salvatore Pica y los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt. A ellos se suman más de 25 «empresarios, exfuncionarios, profesionales y dirigentes políticos» que fueron espiados mientras estuvieron detenidos por distintas denuncias de corrupción.
Las persecuciones desarrolladas sobre cada uno y la intromisión sobre sus vidas privadas revela cuáles eran los objetivos de interés de quienes ordenaron las operaciones clandestinas al amparo del aparato de inteligencia que depende de la presidencia. Por fuera de los opositores a la gestión de Cambiemos, el control sobre sus propios dirigentes refleja, en el caso de Rodríguez Larreta, Santilli, Monzó y Massot, que uno de los focos estaba puesto en quienes lideraban a los sectores más críticos de la gestión de Macri. Algunos sospechan que la recopilación de datos iba a ser utilizada para eventuales extorsiones. En el caso de Ritondo, por entonces al frente de la cartera de seguridad bonaerense, las intrigas van desde el interés por conocer su rutina hasta la relación jerárquica cotidiana con Vidal.
En el caso de Santillí, según reveló uno de quienes lo siguieron, la soga se tensó cuando decidió apoyar al dirigente Muerza en la disputa por la conducción del gremio de Comercio, que sigue en manos de Armando Cavallieri, amigo personal de Macri. Tanto Ritondo como Santilli habrían sido seguidos por expresas indicaciones de Majdalani, aunque en el caso del vicejefe la trama incluye un profundo encono personal de la Señora Ocho y el aprovechamiento de Martín Terra como la mejor forma de saber sus movimientos. Terra es el exmarido de Analía Maiorana, la actual pareja de Santilli, e ingresó a la AFI en 2016.
En el caso de los curas la cuestión tiene una conexión directa con la presunta creación de un movimiento liderado por el Papa Francisco junto a distintos movimientos sociales, que también fueron masivamente controlados durante la negociación paritaria de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Fue otra reedición de la curiosa obsesión del macrismo sobre los docentes y las organizaciones políticas que comenzó desde fines de 2007. La lista de prioridades que fijaron los jefes de la AFI es amplísima e incluyó al camarista Martín Irurzun.
Los primeros datos se conocieron luego de las detenciones de los 18 integrantes de un grupo de whatsapp autodenominado «Super Mario Bross», coordinado por el exdirector de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, que antes había trabajado para la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese grupo coordinaban los detalles operativos para cumplir son los pedidos de sus superiores. Junto a ellos cayeron otros cinco exespías que provenían de la policía porteña y del ministerio de seguridad capitalino. Fueron sumados a la AFI por pedido de Majdalani, pero la inclusión de esos agentes a la AFI abre nuevos interrogantes sobre el desarrollo y crecimiento del aparato de inteligencia de la policía porteña desde que fue creada por Macri en 2008, cuando puso al frente al excomisario Jorge «Fino» Palacios, que renunció cuando estalló el escándalo de escuchas telefónicas realizadas, entre otros, por el más famoso de los espías porteños: Ciro James.
En sus conclusiones, el dictamen del oficialismo es categórico para evitar que el desenlace de las investigaciones se limiten a la responsabilidad de los espías. «El objetivo debe ser responsabilizar a quienes generaron las hipótesis que dieron lugar a la operación en calle y a los receptores de esa información y no, en cambio, a los agentes que llevaron a cabo esa tarea. Así debemos preguntarnos: ¿quién es el receptor último de una información de inteligencia? El presidente de la Nación», define el texto para referirse a Macri, porque la mayoría de los testimonios recogidos permiten comprender que todo ese mecanismo ilegal se movió bajo la directa intervención de Arribas y Majdalani.
El primero, cuyo cargo es llamado en la jerga como «Señor Cinco», fue directamente puesto por Macri, pero la segunda llegó al cargo por dos razones de peso: es una de las mujeres que fundó el partido amarillo junto a Macri en 2003 y fue catapultada como «Señora Ocho» por sugerencia del empresario, ex socio y amigo personal de Macri, Nicolás Caputo, que la conoce desde entonces.
Madjalani mantiene una relación con el expresidente que lleva casi veinte años y fue dos veces legisladora porteña, entre 2003 y 2009. Dejó el viejo Concejo Deliberante cuando Macri transitaba su primer año como alcalde porteño y fue electa diputada nacional. Desde entonces se transformó en una de las espadas del PRO dentro de la Cámara Baja en materia de inteligencia. Por eso fue nominada como vicepresidenta de la misma bicameral que ahora la investiga y cuya mayoría la considera una parte clave en la cadena de decisiones que conecta al despliegue del espionaje ilegal con el expresidente y con Arribas.
En el macrismo recuerdan que Majdalani era la «delegada» del PRO en la bicameral de inteligencia como representante de la oposición durante el segundo mandato de CFK. Dentro de la misma fuerza reconocen su amistad con Francisco «Paco» Larcher, subdirector de la SIDE desde la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. Su nexo con el expresidente fue lo suficientemente firme como para superar las objeciones de Elisa Carrió cuando fue designada vice de la Bicameral. La furia de Lilita recrudeció entre 2016 y 2017 cuando denunció que la AFI la espiaba.
La nominación de Majdalani fue muy cuestionada en 2016 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). «Señalamos su pobre desempeño como integrante de la bicameral porque durante los tres años que ocupó la vicepresidencia de esa bomisión fiscalizadora, no hizo nada para controlar el funcionamiento del aparato de inteligencia, aun luego de que estallara la crisis del sistema a fines del 2014», sostuvo el organismo de derechos humanos. También advirtió que la bicameral «se caracterizó en esos años por una total inacción» y concluyó que «nada sugiere que Majdalani vaya a ejercer ahora con seriedad la dirección del aparato de inteligencia cuando ni siquiera mostró iniciativa para controlarlo. Además, es de público conocimiento que mantiene vínculos personales con cuestionados ex integrantes de los servicios de inteligencia que explican su permanencia en ese sector». Cuatro años después se puede comprobar que esas advertencias fueron premonitorias.
Arribas no tiene los pergaminos políticos de la ex Señora Ocho. El escribano y representante de futbolístas de primera división tiene una relación muy estrecha con Macri. De acuerdo a los testimonios de los espías ante la bicameral estaba al tanto de los movimientos y operaciones, aunque la coordinación corría por cuenta de Majdalani.
El espía Diego Dalmau lo confirmó. Era el jefe de todos los grupos y estaba en el mismo cargo que ocupó el espía Antonio Stiusso hasta que CFK lo echó en 2014. Según contó a la comisión «tenía a su cargo trescientos empleados y en el área específica de Contrainteligencia noventa, pero sostiene que no había personas que puedan trabajar el tema de las fuentes como su equipo», dijo en referencia a los espías que trabajaban en los seguimientos. Entre los detalles reconoció que «reportaba directamente a Majdalani que se encargaba de toda el área operacional». Aseguró que la Señora Ocho «ocupó los cargos de la estructura con empleados pertenecientes a la Policía o ex Policía Federal. En el área de AMBA ingresó toda la policía de la Provincia, se crearon muchos equipos operativos y de análisis. A los dos años este sistema fracasó, por tal motivo se intentó juntar al personal y creció desproporcionadamente el área jurídica, conformada por un área operativa, de escuchas y otra de transcripciones», contó Dalmau para reflejar la cantidad de espías que trabajaron en esa sección. En el sector jurídico estaba Juan Sebastián Destéfano, promovido en el puesto por el empresario binguero y extitular del Club Boca Juniors, Daniel «Tano» Angelici.
Los detalles se suman a los que aportaron otros integrantes de la AFI, bajo órdenes de Dalmau y Majdalani, que confirmaron la existencia de las operaciones y la multiplicidad de misiones que remitían a órdenes que venían de la Casa Rosada y también del Ministerio de Seguridad. Ruiz, que conducía el grupo «Super Mario Bros», dijo que los pedidos de seguimiento a Ritondo y Vidal eran solicitudes que realizaba Majdalani «o eventualmente Bullrich», que por entonces estaba al frente de la cartera de Seguridad.
Antes de llegar a la AFI, Ruiz estaba bajo órdenes de Bullrich y las menciones que hizo en la bicameral sobre la exministra aumentan las sospechas sobre una red de inteligencia ilegal con grupos operativos organizados desde la AFI para hacer espionaje político en distintas áreas del Estado.
El núcleo principal era el grupo que coordinaba Ruiz y que incluyó a 18 de los 22 detenidos inicialmente. Además de Ruiz, también estaban Leandro Araque, que provenía de la Metrpolitana, al igual que sus pares Jonathan Nievas, Javier Bustos y Mariano Ignacio Flores junto a Dominique Lasaigues, que estaba en la nómina de empleados porteños y Juan Carlos Rodríguez, numerario del Ministerio de Justicia y Seguridad capitalino. Ese pelotón se completaba con el ex Federal Gustavo Ciccarelli, el ex agente penitenciario Andrés Rodríguez y los espías Facundo Melo, Jorge “Turco” Sáez, su hija María Belén, los hermanos Emiliano y Julián Matta, Mercedes Funes Silva, Andrea Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Aya Tenori y Jorge Ochoa.
Según recopiló la comisión se abrieron seis nuevas bases en el Área Metropolitana con un esquema de financiamiento que se valió de la decisión de Macri de reimplantar el secreto sobre todos los gastos reservados de la ex Side. «En 2016 el presupuesto para la AFI fue de 1.450 millones de pesos, unos 100 millones de dólares al tipo de cambio de entonces», indica el dictamen para explicar de dónde salió el dinero para mantener en funcionamiento la red de espionaje.
Al informe todavía le falta una pieza. Tiene que ver con la información que habría aportado la Dirección Nacional de Migraciones a la red de espionaje. Estaba a cargo de Horacio García, que reportaba al entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Según detallaron los espías al organismo legislativo, Migraciones les proporcionaba velozmente el detalle de ingresos y egresos del país y los destinos visitados, la duración de las estadías y la nómina de acompañantes. Todo ese fárrago de información era reunido por los grupos operativos en informes con fotografías y detalles que, según sostiene el informe, iban a parar a manos de Majdalani, Arribas y Macri. Los dos primeros negaron todo en tribunales y en la bicameral. El expresidente todavía no tuvo que pisar un juzgado por estos casos.
