El fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, le pidió al juez Alejo Ramos Padilla que profundice la línea de investigación sobre presunta expatriación de divisas y lavado de dinero atribuidas al falso abogado Marcelo D’Alessio y otros imputados. Un dictamen, al que tuvo acceso Tiempo, focaliza la pesquisa en una supuesta operación por 2.500 millones de euros e identifica al supuesto titular de esos fondos y una empresa turca a través de la cual pudieron haber sido canalizados, una parte para inversiones empresarias y otra, mucho mayor, en bonos basura, inversiones financieras y hasta “programas de caridad”.
El documento es impactante. Curi consignó “la negociación de un contrato entre dos compañías, en virtud del cual se realizaría una transferencia bancaria millonaria en el exterior”.
“Los fondos en cuestión ascenderían a 2.500 millones de euros, con un primer tramo de mil millones y el resto a convenir entre las partes”, precisa el documento.
En el teléfono de D’Alessio aparece un grupo de Whatsapp denominado “Grupo Buenos Aires”, integrado por el falso abogado, el ex policía Ricardo Bogoliuk y los financistas Pablo Bloise –actualmente detenido- y Marcelo Patricio González Carthy de Gorrity, prófugo y declarado en “rebeldía” tras prometer falsamente en dos oportunidades que se presentaría ante el juez.
En la trama descripta por el fiscal hay un personaje central, identificado inicialmente como “Aldo”. Curi logró determinar su supuesta identidad y encuadrarlo en la organización bajo investigación. Para ello, recurrió a un documento fechado el 26 de marzo de 2018 que “parecería ser el bosquejo de un acuerdo comercial privado de tipo ‘joint venture’, a celebrarse entre ‘Aldo’ Eduardo Sánchez -quien sería el inversor y titular de los fondos- y la firma Eksi Group -que operaría como ‘partner’ o socio receptor- representada por Ahmet Cakmak”.
“Una de las partes de ese acuerdo, que actuaría como ‘sender’, podría ser una firma italiana cuyo representante sería ‘Aldo’, mientras que la otra sería la firma turca Eksi Group, que actuaría como ‘receiver’ a través de los agentes Ahmet Cakmak, Eglain Villanueva y Claudia Morales».
Eksi Group, efectivamente, existe. Es una empresa constructora cuya dirección, según una simple búsqueda en internet, es “Aziz Mahmut Hüdayi, Eşrefsaat Sokağı No:4, 34672 Üsküdar/Istanbul, Turquía”
‘Aldo’ también existe. “Resultaría ser Aldo Eduardo Sánchez y podría ser titular directo de los fondos millonarios objeto de una de las operaciones negociadas por la organización”. En el intercambio de Whatsapp aparece un recorrido que lo sitúa en Belice previa escala en Panamá y posterior regreso a Buenos Aires. Todas las fechas coinciden con lo que obtuvo como información el fiscal Curi en Migraciones.
Además, «realizada una compulsa en bases públicas de la web se pudo conocer que Sánchez habría estado involucrado en una causa judicial en Italia acusado de un fraude millonario al IOR (Instituto para las Obras de Religión o Banco Vaticano) y asociación criminal».
Según el dictamen del fiscal, del total del dinero supuestamente girado al exterior mediante una triangulación que incluyó a las Islas Comoras, en África, “el 21 por ciento de los fondos del inversor serían utilizados por el socio receptor para implementar sus propios proyectos de inversión interna, y el 75 por ciento restante sería transferido por el socio receptor a una cuenta separada que designe el inversor en un plazo de 72 horas. Ese 75 por ciento se utilizaría para participar en ‘High Yield’ (bonos basura) y/o inversiones y/o programas de caridad propuestos por el receptor».
Con toda esa información, el fiscal le pidió al juez Ramos Padilla que “se amplíe el pedido a la UIF y se solicite que, a través del Grupo Egmont (una sociedad tácita en unidades de inteligencia financiera, con 159 representaciones, ndr), requiera a sus pares de México, Panamá, España y Belice que proporcionen toda la información que pudiera obrar en sus registros en relación con Aldo Eduardo Sánchez, HS Global Company Limited, Mike Jefferson, Foreign Finance Bank, Unión Bank y Gold Max Development Limited”. Un pedido similar fue reclamado para las autoridades italianas y también para México, Panamá, Brasil, Uruguay, Chile, España y República Dominicana, en esos casos a través de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).
