El 15 de enero de 2016, un día antes de que Milagro Sala fuera detenida, ocho referentes de la Red de Organizaciones Sociales (ROS) denunciaron a la diputada del Parlasur en un expediente por asociación ilícita y fraude al Estado. Esto le permitió al Poder Judicial jujeño mantenerla presa. Fue el puntapié para la megacausa -más tarde se unificó con el expediente Pibes Villeros y otro más- y es la obsesión de Gerardo Morales y la justificación de su latiguillo: «Se robaron todo.»
A cambio de señalar a Sala, los dirigentes de la ROS consiguieron no ser imputados en las causas, recibieron promesas de trabajo futuro y sus cooperativas ingresaron al plan de Transparencia y Regularización que pergeñó el ejecutivo jujeño con el Decreto 403-G del, 12 de enero de 2016, en el que ilegalizó a las cooperativas que acampaban en Plaza Belgrano en ese momento en que Morales comenzaba su gestión.
La causa es la p-129652/2016. Tuvo origen en una serie de denuncias realizadas por referentes de las organizaciones que se habían retirado del acampe el 13 de enero y que se reunieron con Morales el 14, es decir, un día antes de correr a la fiscalía. Los denunciantes fueron: Julia del Carmen Gutiérrez, de la Organización Social Fuerza Jujeña; Sara Gutiérrez, del Movimiento Campesino Jujeño; Cristian Oscar Chorolque, de la Organización Social Mariano Vera; Américo Celestino Romay, de la Organización Paz y Trabajo de Palpalá; Leopoldo Jacinto Basualdo, de la Organización Social ALUD y concejal de la localidad de San Pedro de Jujuy; José Daniel Orellana, de la 8 de Octubre; Jorge David Lamas, de la Organización Argentina Grande Disidente; y Emanuel Sebastian Romay, de Fuerza Unida de Palpalá. Todos eran de la ROS y habían ratificado a Milagro en la conducción hacía un mes.
Los referentes caminan la senda de René Arellano, alias Cochinillo, otro denunciante de Milagro, quien según reveló el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitzky, cobró $ 822 mil de origen desconocido y $ 200 mil en sueldos del Estado durante el año pasado.
El día anterior a denunciar a Sala, el contador Morales les dijo a los referentes que suspendería la personería y multaría a los que acampaban y les garantizó «trabajo para todos». De la reunión participaron Chorolque, Gutiérrez, Lamas, Romay y Orellana. También les prometió meterlos en su plan de Transparencia y Regularización. En la última actualización del Registro de Cooperativas Habilitadas del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, que preside su hermano Walter Morales.
Allí están las cooperativas de Romay y Orellana: Pan y Trabajo (Matrícula: 25532), y 8 de octubre Ltda (Mat:36033), que preside Marisa Renfijes, aunque Orellana la maneja a su antojo. También la de Sara Gutiérrez, cooperativa Manos a la Obra Ltda (M: 38441), y la de Basualdo, Manos a la Obra II (M:38443). La mitad de los denunciantes fue recompensado en la primera etapa de «regularización». El 5 de julio pasado, cuando Morales entregó en mano 65 matrículas en la Casa de Gobierno, Gutiérrez agradeció: «Todo lo que el gobernador dijo, se cumplió. Tenemos trabajo.»
«La primera vez que declararon se autoincriminaron. Dijeron que eran partícipes de lo que es luego la acusación, el desvío de fondos. Por eso a los pocos días (el 20 de enero) volvieron a la fiscalía para ratificar sus denuncias y cambiaron la declaración: dicen que ellos nunca cobraron cheques», explicó Paula Álvarez Carrera, abogada de Sala. Por esa contradicción, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta planteó la nulidad de los testimonios. La denuncia nunca avanzó.
El 15 de enero de 2016, ante la fiscal de menores Liliana Fernández de Montiel, que cubría el turno hasta el final de ese día, Julia Gutiérrez dijo para inculpar a Milagro que había facturado «$ 2.189.758, el 3 de diciembre de 2015, en la municipalidad de Monterrico y que endosó 21 cheques por $ 50 mil. Las cuentas no le dan, pero la fiscal no la indagó ni la acusó por la diferencia de $ 1.139.785 a su favor. Tampoco fueron acusados Sara Gutiérrez, Chorolque, Romay, Basualdo, Orellana, Lamas y Emanuel Romay. Solo fueron llamados a ampliar declaración para corregir la autoacusación.
El acuerdo de inmunidad fue evidente cuando el abogado de la Municipalidad de El Carmen, Alberto Nalla, denunció en abril irregularidades en la causa y dio un detalle: el abogado Gastón Morales, hijo del gobernador, asesoraba a los denunciantes.
La causa tiene otros denunciantes que también cambiaron su declaración por protección. Una es la diputada Mabel Balconte, que llegó a su banca con el Frente Unidos y Organizados (FUyO) de Milagro Sala. Declaró a cambio de evitar el arresto de sus hijos varones, Ezequiel y Juan Manuel, involucrados en el expediente. Aceptó acusar a Milagro de llevar bolsos de dinero como retorno al diputado Máximo Kirchner.
Ella, la concejal de San Pedro, Marcia Sagardía y Javier Nievas están acusados por los ocho cooperativistas de ser quienes recolectaban los cheques y el dinero. «Hace un año insultaba a Morales a los gritos y ahora dice que siempre fue radical», contó un diputado jujeño al recordar a Balconte, que sigue procesada pero a las órdenes del partido gobernante. «
