El máximo tribunal bonaerense declaró «admisible» el recurso de queja presentado por el fiscal ante el Tribunal de Casación, Carlos Altuve, que pedía revocar el hábeas corpus colectivo al que hizo lugar el juez de Casación, Víctor Violini, y que habilitó el arresto domiciliario para los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y detenidos con enfermedades preexistentes que hubieran cometido delitos leves, pero que terminó beneficiando a detenidos por delitos graves también.
En su presentación, Altuve había considerado que el fallo de Violini era de «extrema gravedad institucional» ya que no le correspondía a Casación «disponer la morigeración de las prisiones preventivas». «Hay una serie de cuestiones que a mi juicio no estaban del todo claras de la resolución que saca Tribunal de Casación, y eso llevó también a una confusión general, porque esto se publicitó como una suelta indiscriminada de detenidos», explicó el fiscal luego de su presentación y agregó que la resolución contenía «algunos defectos técnicos, generales, y consideré oportuna la intervención del máximo tribunal provincial para que las corrija».
Ahora, tras aceptar el recurso de queja, la Corte ordenó que se suspendan los efectos del fallo de Casación del 8 de abril -Hábeas Corpus colectivos y correctivos de causas N° 102.555 y 102.558- y «ordenó la secuencia del trámite a seguir previo a dictar la sentencia de fondo».
La resolución fue firmada por los ministros de la Suprema Corte, Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari, quienes ya dieron traslado al procurador general Julio Conte Grand, para que emita un dictamen en 24 horas, y luego darán intervención al defensor ante Casación, Mario Corigliano, para que se expida en ese mismo plazo.
Fuentes de la Corte explicaron que los ministros buscan resolver la cuestión de fondo «con la mayor celeridad» por lo cual se dispuso «la abreviación de los plazos para el dictado de la decisión de mérito».