El dictado del decreto de necesidad y urgencia llamado “Desburocratización y Simplificación” que se publicó el jueves 11 de enero en el Boletín Oficial, recibió el repudio desde diferentes sectores.

Quien mostró su preocupación fue el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat que definió el DNU como una «inmundicia institucional». 

“Este decreto es un golpe de Estado perpetrado desde el gobierno porque subvierte la institucionalidad. La Constitución prohíbe taxativamente al gobierno asumir funciones legisferantes bajo pena de nulidad insanable y absoluta, es decir la descalificación más fuerte para cuando el poder ejecutivo pretende asumir funciones de legislador”, expresó al programa Se aceptan sugerencias que conduce Marcelo Pérez Lisazo en Radio Univerdad de Comahue.

“Sólo se admite en temas de necesidad y urgencia y donde no se puede seguir el trámite de debates y sanción de leyes se dicten disposiciones sometidas al Congreso”, expresó y agregó, “no había acá ninguna urgencia, está funcionando el Congreso lo convocó en sesiones extraordinarias el mismo poder ejecutivo. Lo que no quieren es debatir esta inmundicia constitucional que propician a través de este decreto, no quieren pagar otro costo político como la ley previsional que tuvieron una exigua mayoría para aprobarlo”.

Barcesat afirmó que el gobierno quiere “huir” del debate de temas que afectan a la vida económica e institucional de la Argentina. “Sustraer este debate que debe dar en el Congreso es cometer un golpe de Estado. No podemos tener ambigüedades en esto, ni siquiera indagar en si alguna de las 192 medidas es benéfica”.

El letrado dijo además que el DNU tiene tiene que ver con un proyecto político del gobierno. “La síntesis es achiquemos el Estado para agrandar los negocios, que quedan en manos de la familia o de las amistades. Todo esto es para acrecentar el privilegio de los poderosos”.

Otros de los puntos del decreto se ocupa de las atribuciones el fondo de garantía de sustentabilidad de Anses que a partir de ahora operaría en forma directa. “Es una manera más del vaciamiento de Anses para dar paso a la privatización del sistema previsional y abandonar el sistema de solidaridad estatal”.

Durante la entrevista, Barcesat explicó que esta “subversión del orden institucional y del deber de obediencia de la supremacía de la Constitución Nacional” fue una de las cláusulas más importantes que se incorporó a la reforma en 1994. “Lo que estamos analizando qué pasa cuando esa usurpación se comete desde uno de los poderes del gobierno y quebranta los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar las potestades del congreso de la nación y dominar al Poder Judicial”.

En ese sentido, explicó que desde su lugar presentará un amparo contra el extenso decreto. “Hay que promover iniciativas institucionales tanto en el Congreso como ante el poder Judicial para frenar este decreto que acaba de perpetrarse en forma casi clandestina”.

El DNU requiere un dictamen de la Comisión Bicameral Permanente y luego un debate en cada una de las cámaras. “Previo esto, sería conveniente que opere la vía institucional de la justicia donde el control de constitucionalidad permita suspender la entrada en vigencia del decreto y aguardar el debate del congreso por lo menos”, finalizó.

Las voces de la oposición

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anticipó que su bloque propondrá la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

«Está claro que el presidente Mauricio Macri se burla del Parlamento y saca este decreto con la excusa de desburocratizar el Estado», aseveró el santafesino en declaraciones a medios de su provincia.

Anticipó que pedirá que «la Comisión Bicameral analice el decreto redactado a medida de la OCDE que, en 22 capítulos y 192 artículos, modificó más de 140 leyes y normativas».

«Debido a la extensión del DNU, el Gobierno seguramente venía trabajando desde hace mucho tiempo en el texto; y seguramente fue así para sortear al Congreso», aseveró.

Al profundizar sobre los pasos a seguir, expresó: «Vamos a rechazar el DNU ómnibus por inconstitucional e invalido por las formas y porque regula sobre competencias atribuidas constitucionalmente al Congreso sin que exista situación de extrema necesidad, que ponga en riesgo las funciones esenciales o la continuidad del Estado».

«Además, vamos a proponerle a todos los bloques opositores la realización de una sesión especial para derogar el DNU», continuó.

El titular de la principal bancada opositora aseguró que «otra vez el presidente atravesó la esfera de la división de poderes, se extralimitó en sus facultades y avanzó ilegítimamente sobre atribuciones del Congreso porque no hay razones, ni necesidad ni urgencia para disponer modificaciones sustanciales sobre las materias reguladas».

Por su parte, la ex diputada Margarita Stolbizer (GEN) también anunció que pedirá a la Justicia que declare «inconstitucional» el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri con el objetivo de «desburocratizar» el Estado, por considerar que «afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes».

La demanda será presentada por la titular del GEN el mes próximo -cuando finalice la feria judicial- contra el DNU 27/2018, con el que el Gobierno introdujo un extenso conjunto de modificaciones para «desburocratizar» y «simplificar» el Estado.

Stolbizer, titular de la ONG Bajo La Lupa, y la abogada Silvia Martínez argumentaron que el decreto «es un claro abuso de poder, sin ninguna justificación de las condiciones constitucionales exigidas para dictar un instrumento de esta naturaleza».

«Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos, modifica un centenar de leyes y parece destinado a prescindir del Congreso Nacional», fundamentó Stolbizer.

También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) criticó el DNU que el gobierno llama de desburocratización y simplificación del Estado y lo consideró «atentatorio de los derechos laborales y la soberanía nacional».

«Este decreto es tan grave como el paquete de reformas que incluye a la previsional, laboral, tributaria y el pacto fiscal con los gobernadores. Tiene el mismo nivel de violación de los derechos de los trabajadores y desestructuración del Estado», sostuvo el titular del gremio, Hugo «Cachorro» Godoy en conferencia de prensa.