La atención de la salud se ha vuelto un asunto cada vez más urgente para la población trabajadora. Tras sufrir una pandemia con un sistema de salud estresado, debió afrontar el inmediato vaciamiento de las prepagas. Recibió un servicio con una calidad por el suelo al mismo tiempo que recibía, mes a mes, facturas cada vez más caras y por encima de los incrementos del salario. Quienes se atendían en el crujiente sistema público de salud y con las siempre temblorosas obras sociales fueron testigos del abarrotamiento de los servicios.

En este año, Milei empeoró todo: aplica un ajuste brutal al sistema de salud pública, empuja a los sindicatos a que hagan un torniquete en las obras sociales e interviene en el sector privado para favorecer la concentración, no sin contradicciones.

A noviembre, el sector de la salud se llevaba apenas el 4% del total de los gastos que efectuó la administración liberticida en los primeros 11 meses de este año. Y en la comparación del gasto real, equivale a un ajuste del 41,5% respecto de los fondos empleados en 2023.

Hay casos paradigmáticos: los gastos de los programas de la Superintendencia de Servicios de Salud cayeron un 69% contra los efectuados entre enero y noviembre de 2023; los del Instituto Nacional del Cáncer un 60% y los del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, que el gobierno quiere cerrar, un 21 por ciento.

Hay programas prácticamente paralizados, pero que son muy importantes para la población, como los que apuntan a la prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas, por ejemplo, el mal de chagas, que sufren recortes de entre el 57 y el 82 por ciento.

La reciente decisión del gobierno de reducir los medicamentos gratuitos para los jubilados se explica en la reducción del 62% de las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI. El ajuste cayó también sobre los salarios del personal de salud, algo que también realizaron los gobernadores.

El acceso a los medicamentos es un capítulo aparte, con cada vez más dificultades para la población, como refleja Luciana Rosende en un artículo en esta edición (ver pág. 30).

Un freno a estas decisiones ha sido la pelea de los trabajadores, tanto de la salud como estatales, con el eje en la defensa de la salud pública y el salario.

Los afiliados de las obras sociales han visto cómo los copagos se han vuelto lo normal y los turnos se otorgan con varios meses de retraso. Los bajos salarios en general han golpeado los ingresos de las obras sociales, y ahora que deben enfrentar la «competencia» directa de las prepagas en un «mercado» liberado, sus conducciones buscan acuerdos con el sector privado.

En las prepagas saben que la denuncia en Defensa de la Competencia sobre cartelización es fulbito para la tribuna. El gobierno no tiene interés en detener el proceso de concentración que está ayudando a concretar, por ejemplo con sanciones a algunas empresas. En la actualidad, 10 prepagas concentran el 75% de los afiliados, un nivel no visto antes.

La bronca popular con el sistema de salud aparece a borbotones acá y en el resto del mundo. Allí está el caso de Estados Unidos, donde un enorme sector de la población se ha mostrado a favor del tirador que acabó con la vida de un magnate de las prepagas. Una advertencia imposible de soslayar.