El 11 de agosto unos 32 millones de ciudadanos comenzarán a diseñar el país que viene. Eso si se cumple con la ley, que prevé para ese día la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En las últimas horas, sin embargo, el gobierno lanzó una ofensiva para evitar que esa instancia se realice, al menos, para la fórmula presidencial. La excusa: que ningún espacio tendrá competencia interna en ese rubro, y que sale «mucho dinero».
En rigor, las Primarias tienen un costo estimado en 4000 millones de pesos. La cifra, por cierto, equivale a lo que el gobierno les paga a los bancos en dos días por la timba de las Leliq. Pero aun así, el supuesto «ahorro» se limitaría a la impresión de boletas con las fórmulas presidenciales, ya que para otros rubros sí habrá internas, tanto a nivel local como nacional.
Además de ser una evidente falacia, la pretensión de cerrar las urnas para ahorrar plata tiene otros efectos tóxicos, como inseminar la idea de que la democracia «es costosa». ¿Es necesario recordar cómo terminó ese tipo de campañas de acción psicológica contra el voto popular?
El gobierno evalúa suspender las PASO presidenciales por su eventual costo político, no fiscal. Al macrismo le preocupa el impacto que tendría sobre la marcha de la economía y, en consecuencia, sobre sus chances electorales de un resultado adverso que lo muestre al borde del knockout.
En ese escenario, las Primarias podrían funcionar como una primera vuelta: la consolidación de dos opciones aceleraría la distribución del «voto útil» hacia ambos polos en la ronda de octubre, cuando la cosecha de votos para ser presidente es menos exigente que en un balotaje: se necesita superar el 40% de los votos válidos y sacar una luz de diez puntos de diferencia con el segundo para ganar en primera vuelta. Una aspiración viable para la fórmula Fernández-Fernández, según cantan las encuestas.
El objetivo de ganar en primer round fue lo que guió la «unidad aunque duela» que alumbró el Frente de Todos. Y la «ampliación» hacia el peronismo de Macri, con la esperanza de quitarle volumen –y votos– a la unidad de la oposición.
Con la incorporación de Pichetto a la fórmula, el macrismo anunció que está dispuesto a todo para sostenerse en el poder. Eso incluye cambiar las reglas de juego en pleno año electoral, como ocurrió con el decreto que anuló las colectoras, la modificación en el sistema de recuento de votos o la intención –por el momento no legalizada– de anular las PASO presidenciales.
El viernes, de hecho, el Poder Ejecutivo redujo a la mitad el tiempo gratuito que dispondrán los partidos políticos para hacer campaña en radio y televisión. La decisión fue instrumentada a través del decreto 429/19, que reglamenta la nueva Ley de Financiamiento político. La norma pone en seria desventaja a la oposición, que tendrá recursos modestos frente a la aplanadora publicitaria macrista, que cuenta con el respaldo de los medios tradicionales y presupuesto de Estado financiado por el FMI.
Al macrismo le sobran recursos para minar la campaña de trampas y golpes de efecto, como acaba de comprobar en carne propia el economista José Luis Espert.
La oposición necesitará mucha y buena política para vencer a esa maquinaria que se jacta de no haber perdido jamás una elección. La unidad del frente opositor marcó un paso firme en ese campo minado. Pero quizá para la etapa que viene convenga archivar el voluntarista «Ya se van»: el triunfalismo puede ser tan peligroso como subestimar el poder del odio y la sugestión. «
