Este año, el Congreso Nacional se convirtió, durante la tarde de este lunes, en uno de los epicentros hacia donde se dirigieron las principales columnas de las mujeres y disidencias en Capital Federal, con réplicas en diferentes puntos del país.
En el contexto del Paro Internacional Feminista 8M 2021, y bajo el título de “Nosotras Paramos” organizaciones, sindicatos y movimientos sociales de gran parte del país confluyeron allí y, en ese marco, leyeron y pusieron sobre la mesa un pliego de demandas, entre ellas, una reforma judicial feminista, paridad en la justicia, elección popular de jueces, juicio por jurados y aplicación efectiva de la Ley Micaela.
También se enumeraron una serie de pedidos orientados a prevenir y contener las diversas situaciones de violencia de género, entre ellas, más presupuestos para los programas dedicados a prevenir y enfrentar las situaciones de violencia de género y que se garantice tanto la aplicación de la ESI en todos los niveles educativos como la aplicación de la ley Micaela.
Como un eje clave se relaciona con la autonomía económica, también se llevó a cabo un “verdurazo” junto a las puertas del Congreso, que se replica en diferentes puntos del país, con los reclamos centrados en el acceso a la tierra y el apoyo a la producción agroecológica. En ese sentido, se sumó el reclamo por la urbanización de las villas y los barrios populares.
En lo laboral demandaron que los salarios, subsidios y jubilaciones que le ganen a la inflación, reconocimiento salarial de las promotoras territoriales, y derechos laborales de las trabajadoras sexuales, entre otros puntos.
También, la aplicación efectiva de la flamante ley IVE aprobada, así como la liberación de mujeres presas por abortar.
Cabe mencionar, además, que otra columna se movilizó desde Plaza Mayo, a la que apoyaron sustancialmente organizaciones, movimientos sociales y políticos cercanos al Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad. Fue convocada por la denominada “Asamblea independiente de mujeres y diversidades” y en el el llamado sostuvo que “detrás de cada femicidio está la responsabilidad del Estado y la intervención de todos los estamentos de poder: el poder político, las fuerzas represivas, la justicia. El Poder Judicial (que desampara a quienes denuncian situaciones de violencia de género y emite fallos aberrantes, misóginos y clasistas como con Lucía Pérez o Luna Ortiz, entre tantos) no es una corporación independiente del poder político y de los gobiernos de turno”.
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