La mañana del 4 de julio de 2016, cuando aseguramos la recuperación del lugar para lxs trabajadorxs, empezamos a reconstruir los detalles de lo sucedido la noche anterior. Desde el minuto cero quedó en plena evidencia la intervención esencial de la Policía Federal. Sin su aporte no hubiera sido posible el ataque, ni su planificación.

Las pruebas son abrumadoras. La responsabilidad del comisario Jorge Azzolina, titular de la entonces comisaría 31ª de la PFA, es clara y directa. Fue quien personalmente recomendó al «experto en seguridad» Juan Carlos Blander para que Mariano Martínez Rojas le encargara el «trabajito». También fue Azzolina quien permitió la comprobada presencia de policías de la repartición que dieron asistencia y falsa cobertura legal al ataque.

Tendría que haber sido sencillo verificar qué patrulleros y qué efectivos estuvieron frente a Amenábar 23 en la medianoche del 4 de julio, horas antes de que fueran nuevamente convocados cuando se consumó el delito. Sabemos que si algo hacen las comisarías es registrar los movimientos de móviles y personal. Además, todos los patrulleros tienen, desde hace muchos años, sistemas de geolocalización. Sin embargo, como lo relata el juez Martínez de Giorgi en la resolución que sobreseyó al comisario, «los Libros de Registro de Personal y de Sumarios labrados en la ex Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina fueron destruidos en virtud de haber trascurrido el plazo de conservación previsto en la normativa interna de dichas fuerzas». Tampoco «se obtuvieron los números de identificación de los móviles policiales que la mencionada dependencia policial tenía asignados el día de los sucesos», y «no resultó posible establecer el personal que se encontraba asignado a cada uno de ellos en cada día». Finalmente, «no existen registros en el sistema de geoposicionamiento de los equipos de Comunicación de la firma Motorola Solutions que se encontraban operativos en los móviles de la ex Comisaría 31 de la Policía Federal Argentina el día de los hechos, dado que son resguardados sólo por el lapso de seis meses».

La destrucción (u ocultamiento) de esas constancias, que habilitaron al juez a liberar de toda responsabilidad penal al comisario que apoyó el plan criminal de Martínez Rojas sólo se puede entender en el marco de una decisión institucional de garantizar su impunidad, que no es otra cosa que la impunidad del aparato estatal. Hay fotos y testimonios que dan cuenta de la intervención de Azzolina y sus agentes en la planificación y ejecución del ataque a Tiempo, pero las demoras procesales también permitieron que el resguardo de los registros quedara en un limbo, porque nadie buscó preservar esos materiales, sabiendo que había una investigación en marcha. Por el contrario, posiblemente hubo apuro en que desaparecieran y la ausencia de esa documentación debe ser explicada por las autoridades porteñas y nacionales que intervinieron en la transferencia de la Policía Federal en 2017, a seis meses del ataque a Tiempo.

Para entender la situación sirve recordar que el proceso contra Martínez Rojas empezó a avanzar seriamente una vez que, desde el poder, le soltaron la mano por la mafia de los contenedores. Hoy está detenido, con cuatro condenas por contrabando, defraudación en la venta de automóviles y estafa, más una quinta por la interrupción de la transmisión de Radio América, apenas unos días antes de que atacara Amenábar 23 para completar su plan de silenciamiento de la emisora y el diario. Pero a la policía la siguen protegiendo. El poder tiene claras sus prioridades. Desde la querella encarada por la Cooperativa Por Más Tiempo con patrocinio de Correpi, seguiremos dando batalla para revertirlo. «