El gobierno alcanzó su segundo objetivo en el fuero federal porteño: sacarse de encima a un segundo camarista federal, cuyos fallos no siempre estaban en sintonía con sus apetencias.

El camarista Eduardo Farah, uno de los que escandalizó al gobierno disponiendo la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, pidió al Consejo de la Magistratura su traslado a otro tribunal, con menos exposición y causas calientes que el que ocupa actualmente.

Farah es hoy juez de la Cámara Federal. En ese fuero hay dos salas, pero sólo cuatro jueces en lugar de seis: Farah, Jorge Ballestero, Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, cuya estabilidad está en entredicho a partir de una acordada reciente de la Corte Suprema que cuestiona la forma en que fue designado allí, mediante un “pase” desde un tribunal oral federal. Los otros dos jueces que la integraban ya no están: a Eduardo Freiler lo destituyó un Jury de Enjuiciamiento impulsado por el gobierno y motorizado en el Consejo de la Magistratura mediante una maniobra escandalosa para obtener los votos necesarios, y Horacio Cattani renunció después de casi dos años de licencia médica que lo llevó a estar virtualmente recluido en un asilo de ancianos.

Farah no era, por cierto, un juez hostil contra el gobierno. Pero el fallo que liberó a Cristóbal López lo puso en la mira de la mesa chica judicial junto con su colega “Pati” Ballestero, el próximo en abandonar su cargo. So pretexto de que aquella excarcelación pudo estar teñida de irregularidades (incluso la diputada Elisa Carrió pidió investigar si habían existido pagos ilegales para los jueces), se le abrió un expediente en el Consejo de la Magistratura. Farah comprendió que su presencia era no sólo molesta sino también incómoda e indeseable, y maduró durante algunas semanas la decisión de salir del centro de la escena.

Pidió el traslado a otro tribunal (probablemente un tribunal de juicio oral en San Martín u otro de similares funciones en el fuero en lo Penal Económico) y de esa manera, sin renunciar, podrá pasar a virtuales cuarteles de invierno para transitar con tranquilidad y en aguas menos tormentosas su camino hacia la jubilación.

El otro objetivo es Ballestero. La situación de Farah le es equiparable en cuanto a la irritación que causó por su voto en la causa Cristóbal López, pero en su caso no habrá (por lo menos es lo que se baraja por ahora en sus cercanías) un traslado sino una jubilación, probablemente a fin de año. El cuerpo de Ballestero, especialmente sus arterias, reaccionan a cada situación traumática con un taponamiento que requiere de stent para superar las crisis. Y en su dilatada trayectoria en el fuero federal porteño no queda recoveco que le falte conocer; por eso, sabe que cuando los operadores del gobierno transitan por su despacho y le palmean la espalda, debe levantar la guardia porque de allí vendrá el próximo garrotazo.

Cuando el proceso concluya, el gobierno se habrá cargado a tres camaristas federales con los que asumió el gobierno: Freiler, Farah y Ballestero. Y habrá puesto a por lo menos uno, Bruglia, quien pese a la precariedad de la designación está atornillado al sillón por lo menos hasta el final del mandato de Mauricio Macri.

En gateras espera el segundo, Mariano Llorens, también funcionario de carrera, secretario de un tribunal oral e idóneo desde el punto de vista técnico para ascender a camarista. Poco importa su parentesco con Rafael Llorens, quien supo ser abogado de Julio De Vido, a quien otro camarista supérstite, Martín Irurzun, mandó a prisión suponiendo que conservaba vestigios de poder que podían entorpecer una investigación en su contra.

El problema no son los antecedentes; la amenaza real es qué hacen los jueces con el poder de turno una vez que llegan a sus cargos.

El sueño de la colonización de los tribunales, que atraviesa transversalmente a todos los gobiernos, ya está en marcha.