«Ellos tenían que ‘tomar el fuerte’. Esas fueron las palabras que escuché y no me las pude borrar», aseguró Guillermo José María Carrasco, el cerrajero contratado por Mariano Martínez Rojas para forzar la entrada de la redacción de Tiempo el 4 de julio de 2016. «La policía me dio la orden directa de abrir el lugar», añadió, probando la complicidad de las fuerzas de seguridad en el ataque al medio autogestionado, tal como consta en su declaración ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 que investiga la causa impulsada por los trabajadores. Insólitamente la fiscalía 50, a cargo de Jorge Héctor Emilio Fernández, había desestimado en mayo de 2017 la denuncia realizada en la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) sobre el accionar policial.
«Yo me dedico a cerrajería 24 horas desde los 14 años (…) tengo avisos en Internet que cubren toda la Capital Federal y zona norte. Y él me llama por uno de esos avisos», explicó Carrasco al juez Marcelo Martínez de Giorgi. «Él» era Alejandro Marostica Spahn, el integrante de la patota encargado de conseguir un cerrajero y el único que aún no pudo ser citado a indagatoria por la imposibilidad de ser notificado. «Me dijo que era un predio tomado, que no sabía la dirección de dónde era, y que iban estar toda la policía y una empresa de seguridad en el lugar», agregó antes de detallar que al llegar a la puerta de la redacción aquella madrugada de lluvia no había ni policía ni empresa de seguridad.
A los minutos llegó Martínez Rojas con Juan Carlos Blander, el jefe de la patota, y le mostraron «unos papeles con un sello que podían ser una orden legítima». Pero a Carrasco le resultó raro y se negó a hacer el trabajo hasta que no estuviera la policía. «No es fácil en el momento, donde había diez personas que son el doble más grandes que yo, ¿cómo les decía que se vayan todos a sus casas, que me quería ir?», declaró sobre el temor que sintió por rechazar el encargo.
Pero entonces llegaron «dos móviles de Policía Federal», relató. «Me acerco al policía y le pregunto si estaba todo ok para hacer la apertura. Y ellos me contestan que sí, que haga el servicio», añadió. Pero luego va aun más lejos: «Aclaro que la policía me dio la orden directa de abrir el lugar. Quien me autorizó a abrir fue el policía que manejaba el móvil policial».
La connivencia de las fuerzas de seguridad, que había sido denunciada por los trabajadores de Tiempo esa misma noche y luego asentada en las oficinas de la Procuvin, también había sido probada en julio de este año cuando Blander fue citado a indagatoria. El líder de la patota declaró que fue el comisario de la seccional 31ª de Palermo, Juan Carlos Azzolina, quien le presentó a Martínez Rojas para realizar «un trabajo de sereno en un edificio».
«Ellos tenían la función de ‘tomar el fuerte'», recuerda Carrasco que dijeron los de la patota mientras se desperdigaban por todos los pisos de la vieja redacción ubicada en Amenábar 23. Pero en lugar de «ocupar» el espacio o «cuidarlo» como serenos, lo que hicieron fue destruir equipos de trabajo, cortar los cables de red, romper armarios, discos rígidos y sustraer papeles, entre otros delitos. Por eso la secretaría de juzgado indagó quiénes fueron los que generaron los destrozos en la redacción. «Tuvieron que ser los que estaban adentro, porque los de afuera (los periodistas) entraron recién con la policía», explicó sobre el momento en que los trabajadores y los cientos de personas reunidas en defensa de la libertad de prensa obligaron a la policía a que intervenga para poner fin al ataque. Así se consumó la segunda recuperación del diario, que había renacido hacía tres meses como cooperativa tras el vaciamiento empresario de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.
«Con lo que surge de estas declaraciones vamos a exigir que Martínez de Giorgi identifique a los policías de esos patrulleros y los cite a indagatoria junto al comisario Azzolina y el subcomisario Carlos Gastón Aparicio», explicó María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional y abogada de los trabajadores. «Este es el fruto de no haber aflojado a lo largo de todo este tiempo», explicó recordando los nueve meses en que los jueces federales se pasaron la causa sin voluntad de investigar. «
Una denuncia convenientemente archivada
Un día después del ataque a la redacción de Tiempo, mientras una edición especial del matutino realizada entre escombros se agotaba en los kioskos, los trabajadores denunciaron el accionar policial ante la Procuvin. La Procuraduría, entonces a cargo de Miguel Ángel Palazzani, solicitó investigar y la causa 39533/16 cayó en el Juzgado criminal y correccional 57 y fue puesta a cargo del tema la Fiscalía 50, donde subroga Jorge Hector Emilio Fernández
Sin hacer lugar al pedido de los trabajadores para impulsar la investigación, Fernández archivó la causa rápidamente en un dictamen plagado de imprecisiones inexplicables. Entre ellas habla de una patota de entre cuatro o cinco personas cuando en las cientos de fotos y filmaciones se ven al menos 14 y ese es el número identificado por la misma policía en el lugar. Menciona a Martínez Rojas como titular de Balkbrug SA (editora del viejo Tiempo Argentino) cuando los trabajadores presentaron ante la Procuvin las pruebas que demostraban lo contrario. Y, quizás lo más preocupante de todo, plantea que no hubo delito policial al autorizar que una patota ingresara por la fuerza a un domicilio que no les pertenecía. Aún sin la declaración del cerrajero que prueba la connivencia policial (ver aparte), ni la de Blander que habla incluso de una recomendación del propio comisario Azzolina para conformar la patota, el argumento de que Martinez Rojas mostró documentos fraguados no exime a la policía del deber de acreditar la veracidad de esos papeles.
