La Policía Federal dio el aval para que la patota de Mariano Martínez Rojas irrumpa en Tiempo y Radio América la madrugada del 4 de julio. Así lo aseguró en la justicia Guillermo José María Carrasco, el único de los integrantes del grupo de tareas que por ahora no está imputado en la causa ya que se presentó como un cerrajero engañado para forzar el ingreso al inmueble donde funcionan los medios. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) dispuso la protección de los trabajadores de prensa por una fuerza «distinta a la policía» mientras investiga su accionar.
A pesar de que la jueza porteña María Julia Correa giró la causa al fuero federal por considerar que «se afectó de forma directa la libertad de expresión y de prensa», la fiscal Penal y Contravencional 6 de la Ciudad, Verónica Andrade, continúa relevando pruebas hasta que se venza el plazo de apelación de las partes, cosa que recién sucederá el 4 de agosto por la feria judicial.
Carrasco contó que el día anterior al ataque fue contactado por un tal Alejandro, quien lo citó en la esquina de la redacción en la madrugada «para hacer la apertura de un lugar que habían ‘tomado’ y que iba a estar toda la Policía Federal y también una empresa de seguridad». Al arribar lo recibió esta persona con quien esperaron la llegada de dos hombres: Juan Carlos Blander (titular de una empresa de seguridad que, según informó Tiempo, tres días después del ataque fue habilitada por el Ministerio de Seguridad porteño) y Martínez Rojas.
Este último se presentó como dueño del inmueble y le pidió a Carrasco que abriera la puerta de ingreso a la radio en la planta baja. El cerrajero se negó a hacerlo hasta que la policía le confirmara la legalidad. «Cuando me estaba yendo llegaron dos móviles de la Policía. Me acerco a un chofer de uno de los móviles y le digo, ‘¿está ok para hacer la apertura?’, y este policía me dijo que lo hiciera.»
Luego Carrasco relató que se fue a su auto a esperar la paga. Sin embargo volvieron a buscarlo para que cambiara la cerradura. Habían pasado unos quince minutos y delante de la puerta de ingreso ya había cinco uniformados. «Me acerqué al grupo de policías y les pregunté si podía cambiar la cerradura y me dijeron que pasara y que lo hiciera», agrega.
La declaración confirma la complicidad policial y responsabiliza a Martínez Rojas y Blander por la intrusión e interrupción de los servicios de comunicación. Ahora, según la jueza Correa, será la justicia federal la que deberá esclarecer si la escala de responsabilidad sigue hacia arriba.
El abogado del grupo de tareas fue defensor de uniformados condenados por robo y extorsión
La patota que comandó Mariano Martínez Rojas comenzará a desfilar por los tribunales a partir de la primera semana de agosto. La estrategia judicial de los 14 violentos, que a desgano fueron identificados por el subcomisario Carlos Aparicio, quedó a cargo de Walter Gangi. Este letrado es conocido en los pasillos tribunalicios por haber defendido a policías en su doble rol de delincuentes. Hace más de diez años asistió al agente Fabián Rodrigues, más famoso por su apodo Cirilo en Señorita Maestra, quien fue condenado por robo. También defendió a una banda de jefes policiales cordobeses que extorsionaban comerciantes.
Los antecedentes policiales de la patota dan cuenta de que tanto Martínez como su operador de la violencia, Juan Carlos Blander, sabían a quien convocaban para atentar contra Tiempo y Radio América. Ovidio Leonardo Ramírez, uno de ellos, fue condenado por varios robos a casi cinco años de prisión en 2003 y al año siguiente a cuatro años más por otros nueve delitos. Carlos Alberto Ruíz Díaz estuvo imputado en una causa por asociación ilícita, robo, disparo de arma de fuego y lesiones graves. El registro de antecedentes desconoce el destino del expediente.
Blander tenía desde abril de este año un pedido de detención de un juzgado de Corrientes, por homicidio culposo. Como Tiempo informó, Juan Carlos Moreno, tiene una condena de 13 años por corrupción de menores. «