Una de las dos patas de la iniciativa del “fondo para el Fondo” pasó a Diputados. La otra quedó todavía empantanada en el Senado. El segundo proyecto propone el levantamiento del secreto bancario –sancionado durante la última dictadura cívico-militar– y provocó un fuerte lobby de algunos agentes financieros que prefieren que todo siga como está.

Desde el bloque oficialista aseguran que este segundo tramo de la ley, clave para cumplir con el objetivo de que la dueda “la paguen los que la fugaron”, va a salir, y pronto.

La primera iniciativa de esta doble proyecto que el Frente de Todos impulsó en el Senado para crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI tuvo dictamen a fines de abril, y su media sanción se votó en el Senado este jueves, pero no fue acompañada por el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, para detectar las cuentas en el exterior sin declarar.

En el bloque oficialista en la Cámara Alta señalaron al titular del Banco Central, Miguel Pesce, hombre del presidente Alberto Fernández, como el interlocutor de los malos augurios. Los argumentos en contra del proyecto sostienen que podría provocar una fuerte salida de fondos y dañar el sistema.  Señalan que es posible una reacción adversa del sistema financiero que puede derivar en una corrida cambiaria. Tiempo consultó con fuentes del BCRA y prefirieron no pronunciarse al respecto.

Desde el Senado analizan que ese argumento funciona más como amenaza que como señalamiento técnico. El proyecto no involucra a ningún activo financiero o fondos que estén dentro del sistema bancario. No afecta en nada a todo lo que esté declarado en los bancos. “No tiene nada que ver. Es una clara extorsión de aquellos que tienen dinero sucio. Es un problema de Pesce si se deja amenazar”, señaló una referente del oficialismo en la Cámara Alta.

Fuentes vinculadas a los redactores del proyecto señalaron que Argentina es uno de los pocos países que combina altos niveles de fuga con secreto bancario, un paraíso para fondos que, cuando los dejan, entran y salen sin importar el desastre financiero que queda detrás.

El proyecto, que lleva la firma del jefe del interbloque del FdT, José Mayans y otros cuatro senadores del oficialismo, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate, modifica el artículo 39 de la Ley 21.526, de entidades financieras, sancionada en 1977, para allanar el acceso a la información bancaria. Facilita el acceso directo del Banco Central “a cualquiera de las operaciones que realicen las entidades financieras comprendidas en la presente ley”.

También habilita a los “organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales”, y agrega a la estratégica Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, organismo legislativo que tiene la misión de identificar uno por uno a quienes especularon en pesos y salieron en dólares, en especial durante 2017 y 2018.

El proyecto señala como organismos que pueden requerir información a dos áreas clave, ahora ocupadas por los dos funcionarios del área de energía que se enfrentan a Martín Guzmán: el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) –que dirige Soledad Marin– y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), conducido por Ferderico Bernal.

Según pudo saber este diario, para los senadores firmantes ambos organismos son clave a la hora de investigar si las empresas de energía aprovecharon los tarifazos del macrismo para hacerse de pesos, especular con las Leliq y Lebac, y sacar dólares, que pueden no tener declarados en cuentas en el exterior.

Además de las empresas energéticas, también están en la mira los propios bancos, artífices necesarios del festival de letras de altísimas tasas, y que se podían adquirir sin mayores esfuerzos que un clic en el homebanking de cualquier trabajador con cuenta sueldo. Es por eso que las entidades bancarias ven con malos ojos este develamiento de los actores que jugaron en pesos, pero que ahora tienen dólares no declarados fuera de la frontera.

Parrilli sostuvo que el Fondo para la cancelación de la deuda con el FMI espera recaudar al menos 20 mil millones de dólares, aunque no se descarta que la cifra pueda ser todavía mayor. La iniciativa apuesta a capturar de manera masiva capitales no declarados, que según distintas estimaciones podrían alcanzar los 417 mil millones de dólares, sobre los que podría aplicarse un tributo del 20%, que servirá para saldar el endeudamiento con el Fondo Monetario. Esta ley prevé estar vigente hasta que se pague todo el importe del acuerdo con el FMI.

Fuentes del interbloque oficialista adelantaron que para principios de junio este segundo proyecto clave para intentar recaudar sobre los fondos no declarados en el exterior ya tendrá fecha de dictamen y tratamiento en el recinto. Pero no llegará hasta que esté el número necesario asegurado para su aprobación. El sello de conducción cristinista en el Senado marca la máxima de que “lo que se trata, se sanciona”.  «