Con el Poder Legislativo funcionando a distancia y de manera remota, el presidente Alberto Fernández adelantó que en las próximas semanas enviará el proyecto de ley de “Reforma integral del sistema federal de justicia” que prometió apenas asumió su gobierno y reiteró en su discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
En Juntos por el Cambio, los diputados coinciden en que es positivo debatir sobre una reforma judicial, pero desconfían de que el gobierno aproveche la oportunidad política para discutir un tema tan importante con los representantes a distancia y desde las computadoras de sus hogares.
La iniciativa propone agilizar el fuero federal unificando aquellos que hoy tienen jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires (ver aparte).
En diálogo con Tiempo, el diputado del PRO Pablo Tonelli expresó: “Personalmente, no me parece mal que el gobierno mande estos proyectos en estas circunstancias siempre y cuando nos den tiempo de trabajar en las comisiones con esta nueva modalidad que tenemos de reuniones remotas, después de todo estamos en período de sesiones ordinarias”.
“Si los proyectos son razonables, hay posibilidad de que avancemos y lleguemos al recinto; ahora, si los proyectos son un disparate tipo la democratización de la Justicia que intentó al expresidenta Cristina Fernández, ahí va a ser muy difícil que avancemos”, aclaró el legislador que integra dos de las comisiones por donde podría pasar el proyecto: Justicia y Asuntos Constitucionales.
La diputada de la Unión Cívica Radical Jimena Latorre puso sus reparos: “En principio, no habría un problema técnico ni temático para poder tratarlo; ahora, sería discutible la oportunidad política porque se acordó que en estas sesiones se iban a tratar proyectos con cierto grado de consenso, y hablar de una reforma judicial amerita un trabajo consiente y responsable con una participación que no sea a libro cerrado o que llegue a imponerse”.
La representante de Mendoza, cercana a Alfredo Cornejo, agregó: “Como legisladora de la oposición no me predispone bien este anuncio en un contexto de una semana donde la Oficina Anticorrupción se ha retirado como querellante de las causas de corrupción contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner”.