Restan menos de diez días para que termine el período de sesiones ordinarias. Un límite reglamentario que provocó que los bloques de la oposición, con poca coordinación, intenten redactar por sí mismo la agenda parlamentaria de estas últimas jornadas. Así, durante esta semana en Diputados se prevén por lo menos dos días de sesiones, miércoles y jueves, donde se buscará aprobar la ley de Emergencia Social y darle media sanción al proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias. Cambiemos no lo dice formalmente pero no le gusta ni medio que impongan leyes. Por lo pronto, para el miércoles el oficialismo quiere sesionar con un menú que incluye la ley que reglamenta los debates presidenciales y el uso medicinal de cannabis.

El proyecto que pretende modificar el Impuesto a las Ganancias fue una promesa largamente incumplida por el gobierno nacional. Desde que comenzó la gestión Macri, fueron dilatando el compromiso de modificar la norma luego de haber descubierto que aquello de eliminar el gravamen para todos los trabajadores les resultaba imposible.

La semana pasada, desde la conducción del bloque de diputados del PRO se anunció que este martes el ministro de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, iba a presentarse ante las comisiones para explicar el alcance del proyecto de Ganancias. Pasaron los días pero continúa sin confirmarse la presencia del ministro y mucho menos la hora. Ante esa falta de precisión oficialista, el Frente Renovador movió una pieza y al mediodía del lunes Sergio Massa anunció lo que pareció un proyecto de ley sobre este tema. Durante la tarde de esa jornada, los operadores del massismo se preocuparon en aclarar que lo que había anuncia Massa no era un proyecto sino más bien los puntos que debe contar la norma que esperan que ingrese la alianza Cambiemos.

En rigor, en la actualidad hay en la Cámara de Diputados unos 72 proyectos sobre el tan resistido impuesto a la ganancia. Massa, confundiendo a la prensa, dijo que había tomado lo mejor de cada uno para ofrecer su alternativa. De todas formas lo que ahora son propuestas de modificación a un proyecto del oficialismo que todavía se desconoce, el massismo entiende que se beneficiará a seis millones de personas que ya no pagarán este tributo. En cuanto a cómo se recuperará ese dinero que ya no se cobrará, Massa indició que se obtendrá a partir la implementación de impuestos a “las mineras, el juego y la timba financiera”. Esto es lo que lo llevó a afirmar que la iniciativa “no tiene costo fiscal para el gobierno” y, como contrapartida, los trabajadores recuperarán “80 mil millones de pesos.

La oposición, más allá de lo que presentó Massa, tiene la intención de que este proyecto junto al que declara la Emergencia Social, sean debatidos este jueves en una sesión especial. La maniobra, en el caso de ganancias, debe incluir la voluntad de los senadores para llevarla al recinto la semana próxima. De lo contrario quedará pendiente para marzo, cuando retorne el período ordinario de sesiones. Si el Senado no llegara a aprobar el texto de Ganancias es prácticamente improbable que el gobierno nacional la incorpore en el período de sesiones extraordinarias. Y es que, a partir del primer día de diciembre y el último de abril, es el PEN el que define la agenda de los proyectos que pueda llegar a debatir el Congreso.

Más allá de la estrategia que continúa delineando la oposición, lo cierto es que por ahora la alianza Cambiemos pretende impedir que se impongan estos dos proyectos. De no alcanzar un acuerdo con algunos de los bloques de la oposición, recurrirá al recurso reglamentario para abortar la avanzada. Tanto el proyecto de Emergencia Social como el del Impuesto a las Ganancias carecen de dictamen de comisiones. Por lo tanto, la oposición debe contar con el respaldo de los dos tercios de los diputados presentes a la hora de la sesión del jueves para habilitar el tratamiento de los proyectos. El interbloque Cambiemos supera por dos votos el tercio de la Cámara y si tiene asistencia perfecta podrá abortar el intento opositor.

En definitiva, el oficialismo tiene 48 horas para definir qué va a hacer por aquello del costo político que implicará impedir la sanción de leyes que están siendo reclamadas por amplios sectores de la sociedad que superan largamente las simples representaciones parlamentarias.

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