Siete meses después de su primera aparición pública, como «espacio autoconvocado» para «responder» ante «cualquier medida autoritaria y abusiva» del nuevo gobierno, el movimiento «Campo Más Ciudad» concretó este sábado su segunda demostración de fuerza contra la administración del presidente Alberto Fernández, desde que asumió el 10 de diciembre. «El banderazo convocado por las redes se realizó en más de 80 localidades de las 16 provincias en las que difundimos nuestro llamado», explicó a Tiempo uno de los impulsores. Según los voceros de ese espacio, la convocatoria «va más allá del repudio a la intervención estatal de (la empresa agroexportadora) Vicentin» y busca «plantear el hartazgo y hastío de las cosas que no nos dicen en estos 90 días de cuarentena». Sin embargo, hubo una consigna que atravesó la protesta: la «defensa de la propiedad privada» y un reclamo a la Mesa de Enlace para que «responda al planteo de las bases».
En su mayoría, las concentraciones se realizaron en pueblos del interior bonaerense, Córdoba y Santa Fe, el epicentro del conflicto que se desarrolla con más fuerza en las localidades agrarias de Avellaneda y Reconquista contra la intervención provisoria y expropiación de la agroexportadora Vicentin, que afronta un concurso de acreedores por 1.350 millones de dólares.
Ante las consultas de este diario, los organizadores reconocieron que la iniciativa para nacionalizar el conflicto surgió de la Avellaneda, sede de Vicentin, cuyos dirigentes agrarios protagonizaron las primeras movilizaciones para repudiar a la posible expropiación de la empresa y defender a sus propietarios, a pesar de las millonarias deudas que mantienen con buena parte de su aparato productivo. También aclararon que les pidieron a sus seguidores que se movilizaran en sus autos y camionetas para garantizar el aislamiento de la cuarentena, pero tanto en la capital, como en Rosario y el conurbano, las protestas no respetaron ninguna norma sanitaria para reducir los riesgos de contagio.
Las primeras manifestaciones fueron impulsadas por el intendente de la Avellaneda santafesina, Dionisio Scarpin, que pertenece al PRO, pero en Campo Más Ciudad sostuvieron que la extensión nacional de la protesta «fue motorizada a partir de los errores de percepción del Gobierno, por subestimar el rechazo que hay en el interior a la idea de expropiar una empresa como Vicentin». En ese espacio insisten sobre su independencia política y aseguran que las expresiones de este sábado superan ampliamente su influencia, pero el principal vocero del movimiento sigue siendo Sebastián Quiroga, referente de la Coalición Cívica-ARI en la localidad cordobesa de Villa Dolores y vicepresidente de ese partido para el departamento de San Javier. En su entorno aseguraron que las acciones que impulsa «nada tienen que ver con su pertenencia política».
En Santa Fe, Provincia y Cuidad de Buenos Aires, la campaña también contó con el activo apoyo de «Defensores del Cambio», uno de los grupos de agitación en las redes sociales que responde directamente al PRO. Desde marzo está bajo las riendas de su nueva presidenta, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal exponente del ala más dura del partido amarillo. Su apuesta estratégica, con acuerdo del expresidente Mauricio Macri, apunta a reeditar la polarización con el kirchnerismo y contener al núcleo más duro de votantes de Juntos por el Cambio. Las controversias en torno a la intervención de Vicentin fueron leídas como un momento propicio para avanzar en una nueva fase de la ofensiva, «a partir de un error del gobierno que generó un conflicto innecesario en medio de la pandemia».
Hasta la semana pasada la influencia de Bullrich sobre los diputados y senadores de Juntos por el Cambio era menguante. Dentro del bloque del PRO en ambas cámaras no pudieron asegurar que eso cambie, pero admiten que las nuevas protestas de un sector del agro permiten «unificar posiciones y salir para adelante en un momento de muchas diferencias internas».
Aún así, dentro del interbloque de la alianza opositora las desconfianzas no se aplacaron. «No hay que apresurarse, y no apropiarse de lo que no es nuestro, pero está claro que la gente no está dormida», confió uno de los macristas dentro del Congreso que «teme» por un «aprovechamiento de Bullrich que genere más rechazo que adhesiones». Hasta este viernes, los macristas, lilitos y radicales que integran el Interbloque de Cambiemos debatieron los pasos a seguir en las próximas semanas. «El gobierno está sin rumbo y la sociedad se lo comenzó a marcar», sostuvo uno de los más exaltados, mientras el santafesino Federico Angelini celebró entre sus pares que «los productores que son acreedores de Vicentin prefieren que les deba la empresa a que les deba el Estado porque creen que nunca les van a pagar».
Esas apreciaciones fueron la previa de la dureza que este sábado invirtieron los diputados de Cambiemos para antagonizar con Fernández. Desde este viernes el Gobierno avala la estrategia impulsada por el gobernador santafesino Omar Perotti, para que el juez del concurso acepte la participación de su administración en el manejo de la firma. En el PRO consideran que el intento inicial de intervenir por decreto «propició un error, porque no se puede sacar al juez natural» y opinan que el plan de Perotti «busca ordenar la situacion desde lo jurídico, porque sólo puede intervenir la Inspección General de Justicia provincial, y no la nacional, como intentaron al principio para meterse en el concurso».
La evaluación revela que el conglomerado opositor cree que la iniciativa del mandatario santafesino podría dar buenos resultados y posibilitar una empresa mixta con control estatal compartido entre Nación y esa provincia, con la inevitavble salida de Sergio Nardelli como CEO, junto al directorio que repuso el juez Fabián Lorenzini, este viernes. De ahí la cautela opositora sobre el avance del caso y las razones de la virulencia que invertirán los dirigentes opositores para mantener más activo a su núcleo duro, profundizar aún más el antagonismo con el Gobierno y ampliar la protesta a otros ejes, como la extensión de la cuarentena. Para los escuderos cambiemitas el conflicto de Vicentin, cuanto menos, permite una articulación que los fortalece, pero también les permite redoblar una ofensiva política, cuando no logran consensuar un programa político y económico alternativo para afrontar la crisis por el coronavirus y delinear un camino posible luego de la pandemia.
El radicalismo celebró la protesta que consideró «un masivo rechazo al atropello y el patoterismo». El titular del Interbloque de Juntos por el Cambio, el radical cordobés Mario Negri, tomó el guante de la nueva fuga hacia adelante: «Si los DNU equivalen a leyes, el siguiente paso es cerrar el Congreso», lanzó el diputado para repudiar a Fernández, que este sábado por la mañana advirtió que si el magistrado no acepta la propuesta de Perotti, «no queda otro camino posible que el de la expropiación». Para el presidente, Lorenzini «tuvo más en cuenta los microclimas de la zona que los criterios de Justicia. Él es un juez concursal y yo el Presidente de la República y hay que explicarle que los DNU son leyes, tienen el peso de las leyes».
Luego de las moviizaciones, sus impulsores virtuales aguardan un comunicado de todos los miembros de la Mesa de Enlace para que endurezca su posición respecto a las alternativas planteadas por Perotti.
