En el mismo decreto que el gobierno dispuso intervenir la AFI, se determinó oficialmente que la Oficina Anticorrupción pasará a ser un “organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación”. Esto significa que será autárquico y que ya no dependerá de la orientación de cada gobierno.

En un giro de 180 grados respecto del funcionamiento de la OA bajo la gestión de Cambiemos, la resolución explica que la OA “gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones” del Poder Ejecutivo.

A cargo del organismo fue designado el fiscal Félix Crous quien «tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia», aunque como manda el decreto no cumplirá órdenes del presidente ni de ningún funcionario del PEN.

En la argumentación, se expone que como se trata un órganismo especializado en la lucha contra la corrupción, “debe gozar de la independencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones conforme a los principios fundamentales de cada Estado”.

En 2015, el expresidente Mauricio Macri modificó el requisito que imponía que el titular de la OA debía “ser abogado o abogada” para que Laura Alonso pudiera asumir el cargo de titular del organismo. Ahora Alberto Fernández repuso esa exigencia, considerada indispensable por todos los especialistas.

El decreto 54/2019 también agrega una tarea al funcionario: «Deberá elevar al Presidente de la Nación un informe semestral y una memoria anual sobre su gestión que contenga especialmente y de manera detallada las recomendaciones sobre reformas administrativas o de gestión que, a su juicio, colaboren en la prevención de hechos ilícitos o irregularidades en el ámbito de la Administración Pública Nacional”.

Con esta normativa, el presidente Alberto Fernández cumple otra de las promesas realizada durante la campaña electoral respecto de transparentar la lucha anticorrupción.