Esmeralda Mitre denunció penalmente al supuesto dueño de las acciones del Grupo La Nación que pertenecieron a su padre, Bartolomé Mitre, y que a su muerte aparecieron como vendidas a terceros sin una sola constancia documental que lo demostrara de manera fehaciente. La denuncia tiene, además, un costado aristocrático: el denunciado, identificado en la presentación como Federico Spinola, “invoca que posee un título nobiliario –Marqués- y que vive en Mónaco”.
La heredera legal de los Mitre le imputa el delito de “lavado de activos” y hace extensiva la acusación “a quienes resulten coautores, partícipes y/o encubridores del ilícito mencionado en los actos de apropiación ilegítima de acciones de la sociedad KMB S.A., titular del veintiuno por ciento –aproximadamente- del total accionario de S.A. LA NACIÓN”.
De acuerdo con la presentación, Spínola “se proclama titular de KMB S.A. Detenta, sostiene, el veintiuno por ciento, aproximadamente, de la titularidad de S.A. LA NACIÓN, y percibió, en consecuencia, dividendos por esa condición, designando además directores y funcionarios que cobran remuneraciones y honorarios solventados por el mencionado Grupo. Sin embargo, jamás acreditó haber realizado pagos que justifiquen el carácter invocado. No existen constancias instrumentales de la existencia de la compra del paquete accionario, ni transferencias bancarias, ni tampoco se verifica mediante documentación alguna que los hermanos Mitre le hayan vendido siquiera una mínima cuota social”.
La denuncia, patrocinada por el abogado Daniel Llermanos, afirma que “Spínola jamás visitó las instalaciones del Grupo ni compareció a ninguna de las asambleas de accionistas”.
La Inspección General de Justicia, al analizar una presentación de Esmeralda Mitre en el mismo contexto, concluyó –siempre de acuerdo con la denuncia- que el supuesto noble monegasco “es un desconocido que se hace representar por los abogados mencionados”.
La ruta del dinero de La Nación
La polifacética Esmeralda reclamó que “la Instrucción debe iniciar una profusa investigación patrimonial tendiente a determinar con precisión la legalidad y el flujo del dinero ingresado en el grupo empresario investigado, así como verificar el debido cumplimiento de los estándares normativos aplicables a los negocios y operaciones formalizadas por las personas intervinientes, estimando en virtud de ello sin perjuicio de darle intervención a los Organismos con competencia administrativa en la materia: AFIP y UIF ordenándose el libramiento de exhortos internacionales, requerir aportes de documentación contable u obtenerlos mediante allanamientos; requerir la obtención de los perfiles fiscales, requerir los comprobantes de los movimientos bancarios de los supuestos pagos invocados por los querellados -pero no acreditados- y consultar las bases de datos patrimoniales (acciones, inmuebles, automotores, buques, aeronaves, etc.), requerir a la Comisión Nacional de Valores y/o Bolsa de Comercio, si fue informada por la S.A. cuyas acciones eran objeto de supuestas millonarias transferencias”.
Para la denunciante es central “determinar la existencia, alcance y desarrollo de la vinculación de entre los denunciados y/o con terceros –personas humanas o sociedades-, para luego directamente desaparecer, constituyendo posiblemente una empresa ‘fantasma’ que no tiene antecedentes registrales ni impositivos en el País para realizar operaciones de importante envergadura, sobre una empresa centenaria y emblemática de información o periodismo de trascendencia nacional e internacional, mediante sociedades creadas presumiblemente para disimular la procedencia o destino del dinero”.
El documento advierte que se desconoce “de momento si dichas maniobras constituyen lavado de dinero o alguna forma de fraude al Estado Nacional”, pero sí –advierte- a la propia Esmeralda Mitre, “que vio disminuido repentina y notablemente el patrimonio que hubiera correspondido al acervo sucesorio de su progenitor”.
Esmeralda y el albacea
La heredera de Bartolomé Mitre volvió a apuntar sus acusaciones contra el abogado Mariano Gagliardo hijo, quien se desempeñó como albacea testamentario de su padre tras su deceso.
“El doctor Gagliardo, sin exhibir ninguna clase de documentación que respaldara sus dichos informó a los herederos que la tenencia accionaria de KMB S.A., ya no pertenecía en el porcentaje señalado a Bartolomé Mitre, explicando que su parte –el 50 por ciento- había sido vendido tiempo atrás. Desde ese mismo instante sospeché que existía una maniobra de fraude toda vez que el padre del Albacea, que lleva el mismo nombre que su hijo, era el abogado y apoderado de mi padre, y teniendo en cuenta el larguísimo proceso de enfermedades múltiples que padecía, tuve la convicción de que los Gagliardo, con el concurso de otras personas, habrían cometido el delito de circunvención de incapaces”.
“La IGJ pudo verificar que legalmente intimados los representantes legales de KMB S.A. no cumplieron con la carga legal de informar cuestiones elementales y básicas como la legitimidad de la posesión de las acciones que pertenecían a Bartolomé Mitre, limitándose a decir que fue adquirida por una sociedad off shore constituida en las Islas Vírgenes Británicas mediante la utilización de dos supuestos fideicomisos con sede en Nueva York sin aportar datos de adquirentes, montos ni transferencias”, subrayó la denuncia.
En ese contexto, Esmeralda Mitre concluyó que “resultó evidente el afán por mantener a los verdaderos propietarios del capital accionario de KMB S.A. en la más absoluta clandestinidad”.
