La «Mesa de Encuentro Libertador General San Martín», que impulsó un grupo de militares, gendarmes y policías retirados para hacer planteos políticos en materia de Defensa y Seguridad, duró 48 horas hasta que el ministro Agustín Rossi denunció un intento de conspiración contra el orden constitucional. El espacio de «influencers» se desintegró a partir de las advertencias del Poder Ejecutivo sobre el riesgo de cometer el delito de sedición. La mayoría de sus integrantes tienen una relación muy estrecha con exfuncionarios de Juntos por el Cambio y de distintos grupos de la derecha local, pero su discurso no parece sumar adherentes dentro de las tres Fuerzas Armadas, cuya oficialidad transita una agenda totalmente distinta desde fines del año pasado, que se estrechó con el rol que tienen ante la pandemia. No sucede lo mismo con el «mundo policial».

La irrupción del espacio y las denuncias que Rossi lanzó en tiempo record no dejaron de alimentar las intrigas sobre su vinculación con la rebelión de la Policía bonaerense, que a principios de septiembre incluyó 48 horas de acuartelamiento y la concentración de un puñado de efectivos armados en la puerta de la residencia presidencial de Olivos. A diferencia de las certezas oficiales sobre los efectos en el mundo castrense, las dudas se incrementan a partir del impacto que puede tener ese núcleo en el heterogéneo «mundo policial», especialmente del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde intervienen las policías bonaerense, de la Ciudad, la Federal y otras fuerzas de Seguridad como Gendarmería y Prefectura Nacional.

«No hay coordinación con ellos, pero tratamos de determinar lo que afecta a los recursos humanos, que son los mismos problemas de quienes están en actividad», le dijo al diario Clarín el general retirado Ernesto Bossi, que fue secretario general del Ejército hace 25 años y luego formó parte de la exSIDE durante el gobierno de Fernando De la Rúa. El militar fue la principal cara visible del lanzamiento y forma parte del Observatorio de Defensa de la UCEMA, cuyo rector es el extitular del BCRA, Roque Fernández. «Nosotros invitamos y comentamos a quienes están en actividad lo que vamos a hacer académicamente en el Observatorio, pero estamos poniendo un cuidado muy especial en no perturbarlos en su conducción y que esto no los afecte en nada», detalló Bossi. La mayoría de sus excamaradas de armas que forman parte de esa mesa acumulan varios años de retiro, o condujeron las fuerzas armadas durante la administración Macri. El poder de fuego de los exjefes Claudio Pasqualini, Bari del Valle Sosa o Ricardo Cundom es limitado. Pero no dejan de hacer esfuerzos para revertirlo. Hace dos semanas Pasqualini dijo en la UCEMA que «el 50% de los militares está debajo de la línea de pobreza» y reclamó «que al término de la vida activa los militares y gendarmes -que son los que más traslados tienen en su carrera- puedan haber accedido a su vivienda y contar con una atención sanitaria de calidad en cualquier lado del país en el que le toque servir a la Patria.»

En el Gobierno rebaten ese argumento y reivindican la progresiva eliminación de suplementos para mejorar la escala salarial. Los intentos de la Mesa de Enlace para llegar al interior de las fuerzas persiste, pero es directamente proporcional al desgaste y la desilusión que provocó entre los uniformados la política de Defensa de Cambiemos, la ausencia de las mejoras salariales prometidas en campaña y el estupor provocado por la desaparición y hundimiento del submarino ARA San Juan hace tres años, que terminó con la vida de sus 44 tripulantes.

La última pieza que terminó de dañar la prédica e imagen positiva del expresidente ante los militares, y especialmente en la oficialidad de una fuerza tan hermética como la Armada, tiene que ver con el espionaje realizado por la AFI, bajo órdenes de Macri, sobre los familiares de los tripulantes y los mandos castrenses involucrados en la gestión de la crisis. Uno de los mayores limitantes de la influencia de los exgenerales tuvo que ver con la velocidad de Rossi para obligarlos a abortar ese pronunciamiento incipiente, pero también con el descrédito que cosecha el fundador del PRO en un mundo uniformado que lo votó mayoritariamente en las presidenciales de 2015.

Pero en el caso de los integrantes de las policías provinciales, la Federal, la porteña y los efectivos de las fuerzas de seguridad federales, la principal incógnita tiene que ver con Pablo Bressi, exjefe de la bonaerense en la primera parte del mandato de la gobernadora María Eugenia Vidal, que goza de un vínculo muy estrecho con la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA) y con su embajada en Buenos Aires. La cercanía de Bressi con sus exsubalternos es mucho más estrecha que la que puede mantener el excomandante de Gendarmería Nacional José Ricardo Spadaro, que dejó la fuerza en 1997. La presencia de Bressi en la Mesa de Enlace pasó casi inadvertida, aunque se trata del mando policial que Vidal tuvo que sacar por las denuncias de la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Junto a Bressi también hay otro punto de contacto con la fallida «Mesa de Enlace»: su sucesor Fabián Perroni, que dejó la jefatura de la fuerza en noviembre de 2019 y fue uno de los voceros de la protesta policial de principios de septiembre.

Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, advierte las complejidades del proceso en desarrollo. En términos militares, «Defensa actuó rápido y cortó de cuajo un espacio de ese tipo que buscaba funcionar como un polo de opinión que trabaja por abajo para instalar ciertos temas». Pero respecto a su proyección sobre las policías y fuerzas de seguridad, considera que «aparece una preocupación, sobre todo asociada al levantamiento de la vez pasada y al rol que tienen en la region». En este caso, opinó, «hay que tener una preocupación y prestar atención sobre qué cosas subterráneas aparecen queriendo instalar para asociarse con otros factores de poder como para tener un peso político y condicionar ciertas decisiones», advirtió la especialista.   «