Gerardo Morales quiere que Milagro Sala vuelva a la cárcel. En la cima del poder judicial jujeño se evalúa una nueva maniobra contra la líder de la organización Túpac Amaru para tratar de ponerla tras las rejas. El procurador general de la provincia, Mariano Zurueta, tiene bajo la manga solicitar al Tribunal Superior provincial, controlado por el gobernador, que habilite la feria. El pedido del fiscal sería que el máximo órgano judicial le ordene al Juzgado Criminal Dos el traslado de Milagro a la prisión para que cumpla la pena por la denominada “Causa de las Bombachas”.
La maniobra, informada a Tiempo por una alta fuente judicial jujeña vinculada al expediente, está plagada de irregularidades jurídicas, algo que no sería una novedad.
La “Causa de las bombachas” es la única de todas las que se arrojaron sobre Milagro que tiene sentencia firme y en la que se agotaron las instancias de apelación en el país. Comenzó en octubre de 2014. Dos policías jujeños acusaron a Milagro de amenazarlos por teléfono con poner una bomba en la comisaría. El supuesto motivo era frustrar un procedimiento en el que estaba detenida la hija de una militante de la Túpac. La joven había sido arrestada por una denuncia que le imputaba el robo de mercadería (bombachas) en una feria.
Hay un dato para resaltar. Una de las presuntas víctimas de la amenaza telefónica, la comisaria Ángela Cabero, fue querellante con el expediente. Contó con el patrocinio legal del hijo de Morales y de abogados allegados al gobernador.
En diciembre de 2017, ya con Cambiemos en el poder, el Tribunal en lo Criminal Dos de la provincia absolvió a la líder de la Túpac por “falta de pruebas”.
Luego, en febrero de 2019, la Cámara de Casación Penal de Jujuy revocó el fallo. Condenó a Milagro a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. En su pronunciamiento, fundamentó la condena en los testimonios de los policías y el “contexto histórico”, es decir, el protagonismo de la Túpac en la protesta social. Además rechazó a los testigos que sostenían que no existieron amenazas y tomaron como prueba válida el “parte diario policial” en el que los policías que impulsaron la acusación hicieron referencia a la amenaza.
Un mes después, el Tribunal Superior jujeño confirmó la condena y la redujo a dos años. El fallo también invocó el “contexto social de la provincia”.
Y en febrero del 2021, la Corte Suprema de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la líder social y dejó firme la condena. Ahora, el accionar de la justicia argentina está apelado en instancias internacionales.
Las fuentes vinculadas al expediente sostienen que entre las inconsistencias de la maniobra está que Milagro lleva más años detenida que los dos que dictó el Tribunal Superior. Y que tiene arresto domiciliario por una medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y avalada por la Corte Suprema nacional.
Las mismas fuentes sostienen que el motivo de esta acción es político. Que Morales la motoriza como respuesta a la visita de los ministros del gobierno nacional, Eduardo Wado De Pedro (Interior) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Género), a la referente social.
El encuentro se concretó hace una semana, cuando Sala cumplía seis años desde que fue detenida por liderar un acampe frente a la gobernación de Jujuy luego de la asunción de Morales. La foto de los ministros con la referente social disparó un fuerte cruce entre De Pedro y el gobernador.
Morales tomó el control del Tribunal Superior provincial a los pocos días de asumir. El primer proyecto que envió a la Legislatura en diciembre de 2015 fue la ampliación del máximo tribunal de cinco a nueve miembros. La ley se sancionó con el respaldo de una parte del peronismo jujeño. Morales nombró a cuatro nuevos ministros, entre ellos los legisladores radicales Pablo Baca y Beatriz Altamirano, que votaron la ampliación en el parlamento y luego se incorporaron al tribunal. «
