Como adelantó Tiempo el viernes pasado, legisladores del oficialismo se prestaban a debatir un polémico proyecto de ley con el objetivo de multar la actividad de cartoneros y recicladores que trabajan con los residuos, así como a quienes a diario buscan comida entre la basura. Si bien el documento fue presentado por el bloque de la UCR, proviene de la cartera de Espacio Público que, hasta el 10 de diciembre, comanda Clara Muzzio, la vicejefa electa de Jorge Macri.
En las últimas horas denunciaron que, además, el mismo proyecto buscaba sancionar a las organizaciones que movilicen dentro del distrito porteño. Durante la jornada se manifestarán en Perú 160, la Federación Argentina de Cartoneros, referentes sociales y diputados y diputadas que se oponen a la iniciativa.
Antes de que inicie el debate de este jueves, y por la presión social, el documento fue retirado del debate.
Multas de cien mil pesos
El proyecto incluía un nuevo artículo al Régimen de Faltas que castiga a las personas que manipulen «contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos», instalados en la vía pública, con sanciones económicas de hasta 101.262 pesos.
Al mismo tiempo incrementaba las penas a los habitantes que saquen la basura a los contenedores fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21, o a quienes no cumplan con la separación en origen de los desechos domiciliarios, llevando la multa a valores que oscilan de los 14.446 a 144.660 pesos.
El valor de las nuevas penas económicas podrían superar el millón de pesos en los casos que «la infracción sea cometida por una persona jurídica», como las organizaciones de recicladores urbanos, que también sufrirán el decomiso de los materiales recolectados.
La reacción de la oposición porteña
“¿En qué cabeza cabe que las autoridades de cualquier lugar puedan multar a una persona que está revisando un contendedor ya sea en búsqueda de material reciclable, comida o ropa? Los pobres, los desamparados, no son responsables de la situación de exclusión que les toca vivir, y una multa no va a cambiar esa realidad”, destacaban desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR).
El texto original pena tanto a personas físicas como a jurídicas. “Sabemos que lo que verdaderamente escondía el proyecto era aumentar la persecución tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado como a los informales”, agregaron desde el sector.
Durante una reunión en comisiones, el jueves pasado, recicladores que trabajan con los residuos de la Ciudad se enteraron que el Poder Ejecutivo porteño había presentado el proyecto de ley para modificar el Código de Faltas de la Ciudad, actualizando multas y penas sobre distintas actividades que afectan al espacio público. Pero también proponía sancionar a quienes se manifiesten en la Ciudad.
“El proyecto tenía una justificación supuestamente en la higiene urbana, pero lo que ocultan es que quieren criminalizar la pobreza y la protesta social. Quieren multar a aquellas personas que revuelven la basura, los recuperadores urbanos, los manteros. Pero además en uno de sus articulados también incluyen a la manifestación que cause un deterioro de los espacios públicos, impida su utilización o afecte a la higiene”, contó a Tiempo la diputada porteña electa del FIT, Cele Fierro.
Se trata del artículo 84 del documento. “El/la titular y/o responsable, ya sea persona humana o jurídica, de una actividad, emprendimiento, proyecto, programa publicitario y/o manifestación que cause un deterioro de los espacios públicos o de sus instalaciones y/o elementos, sean muebles o inmuebles y/o afecte la higiene, o impidan su utilización por otra u otras personas será sancionado/a con multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas cuarenta y dos mil quinientas (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación y con la obligación de realizar acciones de reparación verde”.
“Las multas en este caso ascienderían hasta los 50 millones de pesos. Quieren ocultar en esta modificación una política completamente reaccionaria, represiva, que muestra a las claras la orientación que va a llevar el gobierno de Jorge Macri en sintonía con los libertarios”, agrega Fierro.
Perseguir a la pobreza
La legisladora porteña de izquierda, Vanesa Gagliardi, en diálogo con Tiempo consideró que este proyecto de ley “era una trampa contra las manifestaciones populares a las cuales pretenden penarlas con multas entre 10 millones a 50 millones de pesos, lo cual demuestra que era una modificación antipobres y totalmente clasista para quitarnos el derecho de manifestarnos”.
Desde el bloque del Frente de Izquierda, habían solicitado el polémico artículo que persigue a quienes quieran movilizarse en la Ciudad. “Presentamos una observación que puso en evidencia, ante el resto de los bloques, este artículo 84 tramposo, para frenar el tratamiento. Es por eso que convocamos a una movilización en la puerta de la legislatura”, agrega Gagliardi y termina: “No vamos a permitir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el aval de otros bloques, nos impida un derecho tan básico y democrático como la manifestación popular”.
