El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello inició una investigación sobre la denuncia del periodista de El Destape Juan Amorín sobre los supuestos aportes truchos a la campaña electoral de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Di Lello deberá desprenderse, tarde o temprano, de ese expediente, por una cuestión de competencia: es fiscal electoral con jurisdicción en la Capital Federal, y los aportes truchos detectados hasta ahora son todos de la provincia de Buenos Aires. Pero pese a la repercusión de la investigación de Amorín, en territorio bonaerense nadie inició investigación alguna.
Por lo menos, nada que hubiera merecido las medidas elementales del inicio de una pequisa: convocar como testigo al autor de la nota, pedirle documentación y datos, y a partir de allí buscar a los supuestos aportantes, todos indigentes y beneficiarios de planes sociales que nunca supieron que figuraban haciendo donaciones a los candidatos de Cambiemos.
Claro, no sabían que hacían donaciones, porque no las habían hecho. No hubieran podido ni aún cuando hubieran querido hacerlo por afinidad ideológica. Di Lello, en cambio, llamó a Amorín, le tomó declaración testimonial y, a partir de esos datos (certeros, concretos, comprobables) dispuso una serie de medidas de prueba que significarán, en los hechos , reproducir la investigación periodística: chequear si quienes figuran como aportantes efectivamente aportaron.
Si la respuesta es “no”, pues entonces los primeros que deberán ser convocados a dar explicaciones serán los responsables de la economía de la alianza oficialista, los recaudadores de fondos para la campaña electoral. Cuando la investigación llegue a ese punto (es decir, cuando se aproxime el momento en que el fiscal deba pedir indagatorias) la causa cambiará de jurisdicción.
En principio, lo que está bajo investigación son delitos electorales. Pero de confirmarse la modalidad de recaudación ilegal, las figuras delictivas podrían estar enmarcadas en el Código Penal. Por citar un caso: cuando en los 90 estalló el escándalo de los “ñoquis” del viejo Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se descubrió fue un mecanismo muy parecido a éste que se investiga ahora, para el financiamiento de la actividad política.
Una indigente recibió en su domicilio un reporte de las por entonces existentes AFJP que le indicaba que era personal del Concejo y que aportaba a una jubilación privada. Nada de eso era cierto. En esta oportunidad, uno de los supuestos aportantes recibió una notificación similar. Con los “ñoquis” del Concejo hubo un larguísimo trámite judicial que terminó tres lustros después con un puñadito de condenados a penas leves.
Otro caso cercano y de naturaleza parecida fue el robo que sufrió la vicepresidenta Gabriela Michetti en su PH del barrio porteño de Balvanera. La número dos en la sucesión presidencial explicó que le fue sustraída una cantidad de pesos que había recolectado mediante aportes no documentados (una “vaquita”) entre dirigentes y afiliados a su partido. Por ese hecho hubo una investigación judicial que el juez federal Ariel Lijo cerró sobreseyendo a Michetti. Esa suerte de autoprotección para los mecanismos de dudosa legalidad para el financiamiento de la política tiene ahora una nueva oportunidad de investigación en los tribunales.
Di Lello inició un camino que difícilmente pueda completar. Y los beneficiarios de ese mecanismo recaudatorio sospechado de fraudulento están ante una nueva ocasión de regresar a la infancia para jugar el juego del “Gran Bonete”.
Di Lello deberá desprenderse, tarde o temprano, de ese expediente, por una cuestión de competencia: es fiscal electoral con jurisdicción en la Capital Federal, y los aportes truchos detectados hasta ahora son todos de la provincia de Buenos Aires. Pero pese a la repercusión de la investigación de Amorín, en territorio bonaerense nadie inició investigación alguna.
Por lo menos, nada que hubiera merecido las medidas elementales del inicio de una pequisa: convocar como testigo al autor de la nota, pedirle documentación y datos, y a partir de allí buscar a los supuestos aportantes, todos indigentes y beneficiarios de planes sociales que nunca supieron que figuraban haciendo donaciones a los candidatos de Cambiemos.
Claro, no sabían que hacían donaciones, porque no las habían hecho. No hubieran podido ni aún cuando hubieran querido hacerlo por afinidad ideológica. Di Lello, en cambio, llamó a Amorín, le tomó declaración testimonial y, a partir de esos datos (certeros, concretos, comprobables) dispuso una serie de medidas de prueba que significarán, en los hechos , reproducir la investigación periodística: chequear si quienes figuran como aportantes efectivamente aportaron.
Si la respuesta es “no”, pues entonces los primeros que deberán ser convocados a dar explicaciones serán los responsables de la economía de la alianza oficialista, los recaudadores de fondos para la campaña electoral. Cuando la investigación llegue a ese punto (es decir, cuando se aproxime el momento en que el fiscal deba pedir indagatorias) la causa cambiará de jurisdicción.
En principio, lo que está bajo investigación son delitos electorales. Pero de confirmarse la modalidad de recaudación ilegal, las figuras delictivas podrían estar enmarcadas en el Código Penal. Por citar un caso: cuando en los 90 estalló el escándalo de los “ñoquis” del viejo Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se descubrió fue un mecanismo muy parecido a éste que se investiga ahora, para el financiamiento de la actividad política.
Una indigente recibió en su domicilio un reporte de las por entonces existentes AFJP que le indicaba que era personal del Concejo y que aportaba a una jubilación privada. Nada de eso era cierto. En esta oportunidad, uno de los supuestos aportantes recibió una notificación similar. Con los “ñoquis” del Concejo hubo un larguísimo trámite judicial que terminó tres lustros después con un puñadito de condenados a penas leves.
Otro caso cercano y de naturaleza parecida fue el robo que sufrió la vicepresidenta Gabriela Michetti en su PH del barrio porteño de Balvanera. La número dos en la sucesión presidencial explicó que le fue sustraída una cantidad de pesos que había recolectado mediante aportes no documentados (una “vaquita”) entre dirigentes y afiliados a su partido. Por ese hecho hubo una investigación judicial que el juez federal Ariel Lijo cerró sobreseyendo a Michetti. Esa suerte de autoprotección para los mecanismos de dudosa legalidad para el financiamiento de la política tiene ahora una nueva oportunidad de investigación en los tribunales.
Di Lello inició un camino que difícilmente pueda completar. Y los beneficiarios de ese mecanismo recaudatorio sospechado de fraudulento están ante una nueva ocasión de regresar a la infancia para jugar el juego del “Gran Bonete”.
