El poder judicial de Jujuy volvió a rechazar un pedido de Milagro Sala y multó a uno de sus abogados defensores porque consideraron el recurso como una actividad “obstructiva”. Se trata de la segunda multa: a final de octubre, Pablo Pullen Llermanos, uno de los jueces que mantiene presa la referente, había impuesto una penalización de 40 mil pesos. La negativa fue en la causa en la que la líder de la Tupac está acusada por supuestas amenazas a un policía y al tribunal que resolvió lo integró Gastón Mercau, yerno de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el otro magistrado que mantiene a la diputada del Parlasur con prisión preventiva.

La referente opositora ilegítimamente detenida desde enero de 2016 sumó siete reveses judiciales en menos de un mes. El comité por la Libertad de Milagro Sala denunció el hostigamiento la semana pasada.

El Tribunal en lo Criminal Nº 2 resolvió este miércoles no conceder un recurso de casación a los defensores de Sala y lo consideró como constitutivo de “abuso del proceso”. El revés fue en el marco del proceso judicial en el que la referente será enjuiciada como supuesta autora de amenazas a policías.

El recurso fue interpuesto en contra de la resolución del mismo tribunal que el 23 de octubre rechazó la recusación del juez Antonio Llermanos como presidente de trámite del tribunal que enjuiciará a Sala.

Pero además, los jueces Luis Ernesto Kamada, María Alejandra Tolaba y Gastón Mercau, apercibieron al defensor de Sala: “se impuso al Dr. Luis Hernán Paz, en su calidad de letrado de la defensa, que interpusiera el recurso declarado inadmisible, una multa de ocho mil pesos”, notificaron a través de un comunicado de la Oficina de Prensa del Poder Judicial de Jujuy.

La multa económica a Paz fue la segunda advertencia a los abogados para que desistan en la defensa de la referente de la Tupac Amaru: el 31 de octubre la Cámara de Apelaciones de Jujuy confirmó el rechazo al habeas corpus correctivo que pedía el regreso de Sala a la prisión domiciliaria en la casa de El Carmen y apercibieron a los integrantes del equipo de abogados de la presa política, Luis Paz, Paloma Álvarez Carrera y Ariel Ruarte.

En ese fallo, los camaristas Gloria María Mercedes Portal de Albisetti, Emilio Carlos Cattan y Néstor Hugo Paoloni, los retó porque consideraron una inconducta que los abogados considerasen la negativa del juez de primera instancia como “una amenaza ilegítima, ilegal y arbitraria a la vida e integridad” de su defendida.

A finales de octubre Pullen Llermanos consideró que los defensores de la diputada del Parlasur lo recusaron en forma maliciosa y les impuso una sanción de 40 mil pesos. La defensa de Sala lo había recusado el 9 de octubre cuando se conoció el habeas corpus del detenido Fabián Ávila, en el que denunció que el juez lo había instigado a denunciar a la líder de la Tupac a cambio de la libertad.

Insólitamente, para Pullen Llermanos hubo malicia, porque argumentó que los letrados utilizaron como argumento del planteo la declaración de una persona privada de la libertad.

Un mes de hostigamiento 

Por la seguidilla de fallos negativos y la denegación de justicia para la líder de la Tupac Amaru, el comité por la libertad de Milagro Sala denunció el viernes un incremento del hostigamiento judicial, tal como publicó Tiempo en la edición de este domingo.

En el último mes el Poder Judicial jujeño emitió seis fallos que perjudicaron a la dirigente de la Tupac Amaru, a lo que se sumó la desestimación por parte del fiscal federal jorge Di Lello de la denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano y el gobernador jujeño, Gerardo Morales por instigación al suicidio de Sala.

El hostigamiento comenzó el 14 de octubre cuando el juez Pablo Pullén Llermanos ordenó de imprevisto y con la orden de no notificar a la defensa, el violento traslado de Sala desde la casa de El Carmen -convertida en una prisión ad hoc con vigilancia de un puesto de Gendarmería, de la Policía, rodeada de alambres de púa y cámaras de video-, donde cumplía una domiciliaria sui géneris que buscaba responder a la demanda de la CIDH. Quince días antes la Cámara de Apelaciones había revocado la prisión domiciliaria, pero no se había hecho efectiva porque los defensores apelaron.

La seguidilla continuó una semana después, el 20 de octubre cuando el juez de Control N°4 Isidoro Cruz rechazó el habeas corpus correctivo en el que Sala pedía ser devuelta a la casa de El Carmen. Ese rechazo -que fue comunicado a la noche- motivó que Milagro se autolesionara en un brazo.

Tres días después, el 23 de octubre, el Tribunal Criminal 2 rechazó el primer pedido de recusación del juez Antonio LLermanos que Paz, Álvarez Carreras y Ruarte habían señalado por imparcialidad.

Una semana después, el 31 de octubre, la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo al habeas corpus y apercibió a los abogados.

El 1 de noviembre, en Comodoro Py, el fiscal Di Lello desestimó la denuncia a Macri, Garavano y Morales por instigación al suicidio de Sala. La última palabra quedó para el juez Claudio Bonadío.

Ese mismo primer día de noviembre, el juez Pablo Pullen Llermanos ordenó retirar a Milagro Sala a las 22.15 de la clínica privada en la que estaba internada para realizarse estudios. Pese a que estaba bajo los efectos de la anestesia el magistrado decidió que no podía permanecer una noche más fuera de la cárcel.

Una semana después, volvieron a rechazar un pedido: este miércoles Kamada, Tolaba y Mercau se negaron a que un tribunal superior revise su decisión y multaron al abogado defensor.