A un mes de una nueva movilización y paro internacional de mujeres, la justicia decidió sobreseer a las 15 mujeres y 5 hombres detenidos el 8M del año pasado por considerar que fueron detenidos de manera arbitraria por la Policía de la Ciudad.
La decisión fue tomada por el juez Osvaldo Rappa al considerar que no existían pruebas para las 20 detenciones cuando ya se había desconcentrado la masiva movilización a Plaza de Mayo, según consignó Página 12.
Si bien todos habían quedado en libertad al día siguiente, se les abrió una causa penal donde la fuerza de seguridad porteña les atribuía los delitos de atentado contra la autoridad, desobediencia, lesiones leves y daño agravado.
Los testimonios de las personas detenidas cuando coincidían en que ya habían pasado más de dos horas de la finalización de la marcha coincidieron en que ocurrieron a más de dos cuadras de los incidentes que se habían producido en la Catedral y que los policía habían actuado con mucha violencia.
La denuncia que originó la causa la hizo un subcomisario de la Seccional 1quien señaló que las detenciones eran en clara comisión de hechos delictivos. Sin embargo, tras casi un año de analizar filmaciones, fotos, tomar testimonios y revisar las pruebas presentadas no encontró indicios de que esas personas hayan cometido algún delito.
No surgen elementos de convicción que me permitan vincular a las personas imputadas con dichos hechos ilícitos (en esencia, los incidentes en la Catedral), por lo que dispondré el sobreseimiento, señaló el juez y agregó: Es evidente que la investigación se halla agotada y no hay medidas que puedan hacer variar el panorama fáctico, dice la resolución y remata que es improcedente la imputación efectuada.
El fallo muestra con mucha claridad que las detenciones fueron al voleo. Ninguna prueba, ningún video, nada que las justifique. Se tomó la decisión de salir a arrestar mujeres y mandar el mensaje de que salir a protestar no es una buena idea, que es el mensaje repetido en las últimas protestas, dijo a Página 12 Federico Efron, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El Cels defendió a tres de las mujeres detenidas, que a su vez iniciaron una querella por los arrestos arbitrarios y los tratos violentos y discriminatorios por los que se investiga a la policía por los procedimientos arbitrarios.