La crisis de la educación en este 2018 alcanza no sólo a los universitarios que transitan su tercera semana de paro frente a la indiferencia del gobierno. Sin embargo, las medidas que afectan el dictado de clases en nivel primario y secundario suelen sacudir a los gobernantes de manera más directa. Tanto es así que la gobernadora María Eugenia Vidal intentó cobrarle a Suteba nada menos que 659 millones de pesos por adherir a un paro nacional convocado por CTERA los días 30 y 31 de julio de este año.
En esas fechas, pese a que en la provincia de Buenos Aires regía una conciliación obligatoria, se realizó un paro a nivel nacional al que se plegó el Suteba como parte de la organización gremial. En ese contexto, el gobierno bonaerense argumentó que la multa estaba prevista por ley laboral. El secretario general del gremio, Roberto Baradel, aseguró en ese momento que se trataba de una medida de “apriete y extorsión” digna de “las dictaduras” y recurrió a la Justicia, que avaló su presentación y dejó sin efecto la multa.
Los jueces Carlos Gramuglia, Liliana Badi y Enrique Catani del Tribunal de Trabajo Nº3 de La Plata se manifestaron en defensa del «libre ejercicio de la acción sindical» y, en consecuencia, rechazaron la sanción económica establecida por la gestión de María Eugenia Vida y le ordenaron que “se abstenga de imponer multa, impulsar y/o proseguir cualquier tipo de proceso dirigido en dicho sentido”.
Baradel festejó el fallo y expresó que “la Justicia bonaerense le puso un freno al autoritarismo y a la ilegalidad con la que se maneja el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires”.
