Finalmente, el escándalo por el cobro de un bono de medio millón de pesos por parte del ministro de Agroindustria Luis Etchevehere pagado por la Sociedad Rural su anterior empleador dio sus primeros pasos en la Justicia. Ante el pedido del fiscal Ramiro González, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una serie de medidas este viernes que incluyeron un operativo en la sede central de la asociación patronal, en la calle Florida al 400, donde se secuestraron los libros de actas en los que se asentó la votación de los integrantes de la comisión directiva de la Rural, que se expidieron en forma afirmativa y negativa por el pago del bono.
La intervención judicial se generó por un conflicto de intereses entre el cargo público y el cobro de la entidad privada. Etchevehere recibió el pago en concepto de liquidación final por el tiempo en que ocupó el cargo de titular de la SRA, a pesar de que el estatuto de la organización establece que los cargos directivos son no tentados, según se explica en la denuncia, que fue presentada el 28 de diciembre de 2017.
Si bien la remuneración se efectuó el 16 de noviembre, una semana antes de que se publicara su nombramiento en el Boletín Oficial, su designación se había informado el 31 de octubre. El diario La Nación da cuenta de que el pago de ese monto implicó una fuerte polémica en el seno de la entidad ruralista, ya que algunos miembros consideraron que afectaba el buen nombre y honor de la Sociedad Rural. Esta discrepancia fue volcada en el dictamen del fiscal Ramiro González.
Según consignan varias fuentes, el actual ministro devolvió el dinero, pero recién cuando se hizo público el hecho. Por lo tanto, la Justicia investiga si el ministro incurrió en el delito de cohecho.
