Después de tres años y medio, la Corte Suprema decidió que un juzgado penal común investigue si una diputada “arrepentida” de la Túpac Amaru, quien denunció que Máximo Kirchner recibía bolsos con dinero de manos de Milagro Sala, cometió el delito de “calumnias e injurias”. Pese a que se tomó todo el tiempo que consideró necesario, la decisión final contiene un error que deberá ser subsanado a la brevedad: los cortesanos le dieron intervención a un juzgado equivocado, que nunca estuvo siquiera relacionado tangencialmente con el expediente.

El alto tribunal resolvió un conflicto de competencia sobre una denuncia presentada por el coordinador nacional de la Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, en mayo de 2016 contra la legisladora Mabel Balconte. Un mes antes, Balconte –quien había sido electa por el Frente Unidos y Organizados, alineado con la Tupac Amaru, pero formó un bloque unipersonal aliado del oficialismo jujeño, en manos de Gerardo Morales- declaró  que «gente de Milagro Sala retiraba el dinero del Banco Nación y lo llevaba a la vivienda de ella en el barrio Cuyaya». Agregó que de allí lo llevaban “en varias cantidades de valijas, por avión, a Buenos Aires” hasta un departamento “en calle Perú al 260”, donde “armaban una reunión el ‘Cuervo’ (referente de La Cámpora, Andrés) Larroque, con «Coco» Garfagnini, para llevarla a la Quinta de Olivos, donde la recibía Máximo Kirchner”.

Garfagnini no sólo desmintió a Balconte sino que denunció, además, que había sido presionada por el gobernador Morales y por el fiscal de Estado, Mariano Miranda, para que acusara falsamente a Sala  y a otros dirigentes sociales.

Durante más de tres años, el expediente quedó sometido a un tironeo entre el juzgado federal número 11, a cargo de Claudio Bonadio, y el ex juzgado en lo Correccional número seis, de la jueza Alejandra Alliaud, cuando se unificaron las áreas penales Correccional y de Instrucción, el Correccional seis e transformó en Instrucción 55, denominación que tiene actualmente.

Sin embargo, la Corte asignó la competencia al juzgado penal de instrucción número seis, hoy en manos de María Alejandra Provítola, ex secretaria letrada del fiscal Carlos Stornelli. Ese juzgado nunca intervino en el expediente. La Corte prepara una “aclaratoria” para enmendar su error; la causa tramitará finalmente ante la jueza Alliaud.

Garfagnini sostiene que Balconte mintió, presionada por Morales. Y justificó esa imputación en declaraciones de un ex colaborador de la legisladora, su secretario legislativo Santiago Hamud, quien contó que su jefa “llegaba a la oficina llorando y refería a amenazas por parte del gobernador y del fiscal de Estado para que realizara las declaraciones que terminó emitiendo tanto en el juzgado, en el marco de su indagatoria, como en diversas entrevistas televisivas”.

Como fuere, Balconte se mantuvo en sus dichos, incluso cuando declaró como acusada en el juicio conocido como “Pibes Villeros”, en el que Milagro Sala fue condenada a 13 años de cárcel. En ese proceso, Balconte también fue condenada, a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, y podría quedar presa en caso de perder sus fueros parlamentarios.