Un banco privado rechazó otorgar un crédito a una pyme y, con la complacencia dilatoria del Poder Judicial, dejó a 49 trabajadores sin cobrar sus sueldos. En una suerte de “tomala vos, dámela a mí”, los tribunales se pasan la pelota por sesudas cuestiones legales mientras medio centenar de familias prolonga la angustia por la cuarentena causada por el coronavirus.

La pyme en cuestión es The Steakhouse SA, una sociedad que explota el restaurante La Cabaña en Puerto Madero, cerrado desde que estalló la crisis por el virus.

Sus dueños, al cobijo de las medidas de auxilio dispuestas por el gobierno nacional para afrontar el singular momento histórico, le pidieron al Banco Itaú un préstamo por 2.087.388,61 pesos para afrontar “la masa salarial bruta correspondiente a febrero de 2020 para aplicarla al pago de los salarios de marzo”. Pero la entidad crediticia lo rechazó argumentando que La Cabaña no contaba con garantía estatal y, además, tenía cheques que habían sido rechazados durante la pandemia.

El gobierno flexibilizó las exigencias sobre el cobro de los cheques. Pero aun así el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Garantizar SGR, los brazos de la asistencia estatal, no respaldaron el pedido de crédito.

La Cabaña –tras describir las dificultades que atravesó desde 2017 por la obra “Paseo del Bajo” y la reapertura del local en octubre de 2019– fue a la Justicia, ya entrado abril y después de dar por agotada la vía administrativa del reclamo. Pero en los tribunales la odisea se multiplicó.

“Nunca antes la empresa ha atravesado una situación tan extrema que le impidiera abonar los sueldos del mes anterior”, plantearon en una demanda que apuntaba a obtener la garantía estatal y la obligación del banco privado de conceder el empréstito para pagar los sueldos.

“El presidente de la Nación ha aseverado en repetidas ocasiones que había dado instrucciones para que con garantía del Estado las entidades bancarias facilitaran a las empresas un préstamo a tasa preferencial del 24% para abonar sueldos”, recordó la pyme.

Pero el juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico rechazó habilitar la feria judicial extraordinaria decretada por la Corte Suprema. Ergo, ni siquiera analizó el planteo de The Steakhouse SA.

“La demora impuesta por el receso judicial en la tramitación de estos actuados no entraña un riesgo cierto e inminente de frustración de derechos”, sostuvo el juez. “Tampoco es función judicial decidir –en el presente marco de emergencia sanitaria mundial– cuáles son las empresas que cumplen los requisitos para acceder a los créditos”.

El fallo fue un tácito aval al rechazo al crédito. “Es el Poder Ejecutivo Nacional junto con los organismos técnico bancarios correspondientes quienes se encuentran en mejores condiciones para su evaluación”.

La Cámara corrigió el fallo. Los jueces José Luis Castiñeira, Guillermo Treacy y Marcelo Duffy sortearon los obstáculos procesales y determinaron que existe “una cuestión de urgencia que habilita el tratamiento de la pretensión formulada durante el presente receso judicial. Máxime, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el comienzo de la feria extraordinaria, su reciente prórroga y la evidente incertidumbre respecto de su posible prolongación”.

Los 49 trabajadores creyeron recuperar el aliento, pero no fue así. Obligado a pronunciarse, el fiscal Miguel Ángel Gilligan dictaminó que se trata de “cuestiones de carácter netamente mercantiles que involucran la competencia de la Justicia Nacional en lo Comercial”, es decir otro fuero, pese a que el reclamo se dirige contra el Poder Ejecutivo y el Banco Central, lo que habilitaría al fuero federal.

El juez Lavié Pico se declaró incompetente y mandó la causa al juzgado en lo Comercial 5, a cargo de Javier Cosentino. El expediente llegó el viernes a última hora y todavía no tuvo movimientos.

Los trabajadores siguen sin cobrar.

Cosentino es el juez de la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y el expresidente Mauricio Macri lo propuso para ascender a camarista. Su pliego, que estaba listo para recibir el acuerdo del Senado, fue retirado apenas llegó Alberto Fernández a la presidencia.