La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal acaba de consolidar la posición dominante en el mercado de la televisión por cable de la empresa Cablevisión. Lo curioso es que lo hizo advirtiendo que ello no está bien y así lo dijo la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Una pena que la AFSCA ya no exista para hacer cumplir la ley. El gobierno de Cambiemos la derogó por decreto y creó un organismo nuevo, el ENACOM, que no tiene previsto corregir esas distorsiones de mercado.
La Sala Quinta de la Cámara del fuero rechazó, en un fallo firmado el 23 de junio pasado, una demanda entablada en 2007 por Rubén Ángel Massei y Luis Manuel Pérez Paz, accionistas de Televisora Privada del Oeste SA (con zona de influencia en la localidad bonaerense de Merlo), «a fin de que se declare la caducidad de la totalidad de las licencias de Cablevisión SA y/o sus subsidiarias, en todas aquellas localidades en las que opera en forma superpuesta con Multicanal SA y/o sus subsidiarias». La fusión de ambas empresas de cable, aprobada a fines de 2007 (gestión de Néstor Kirchner), consolidó una posición dominante que asfixió y en muchos casos hizo desaparecer a los cableoperadores locales en decenas de pueblos. Televisora Privada del Oeste denunció «una supuesta maniobra de monopolio, por entender que existe una violación al régimen de multiplicidad de licencias».
Tanta razón tiene la Televisora Privada del Oeste que la Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la Ley de Medios, que justamente establecía el régimen de multiplicidad de licencia. Y el fallo contencioso administrativo (el de primera instancia, firmado por la jueza Claudia Rodríguez Vidal, y el de Cámara) lo reconoce tácitamente. Pero sostiene que no es la justicia sino la autoridad de aplicación la que debe hacer cumplir la normativa. O sea, la AFSCA, que ya no existe como tal.
«Es claro que el organismo al que el legislador le confirió las facultades para tramitar cuestiones como las aquí traídas a conocimiento, viene adoptando las resoluciones para las que ha sido facultado, y en ese mismo orden, resolverá en definitiva respecto de la legalidad de la concentración económica que conforma el objeto de esta acción».
Pocas veces en la historia judicial argentina se ha visto algo semejante.
El fallo señala que la empresa de cable de Merlo «persigue la consecución de una orden judicial que obligue a AFSCA a rechazar la operación de concentración económica de Cablevisión SA y Multicanal SA; y, en consecuencia, la declaración de caducidad de la totalidad de las licencias de Cablevisión SA y/o sus subsidiarias, en todas aquellas localidades en las que opera en forma superpuesta con Multicanal SA y/o sus subsidiarias». La AFSCA lo hizo, pero una avalancha de cautelares frenó ese proceso. Luego llegó el gobierno de Cambiemos, la AFSCA desapareció y las nuevas autoridades concretaron en los hechos un desistimiento virtual de los planes de adecuación a la ley de medios.
La secuencia, entonces, sigue una lógica perversa: Televisora del Oeste reclama en 2007 por una situación de monopolio, a fines de ese año se aprueba la fusión de Cablevisión con Multicanal, luego se sanciona la nueva ley de medios, la AFSCA ordena la adecuación de Cablevisión a la ley, cambia el gobierno y desaparece la ley, y finalmente la justicia dice que no puede hacer nada porque hay un organismo administrativo a cargo, que ya no existe por decisión de las nuevas autoridades que consienten la situación de monopolio denunciada en 2007. El círculo queda cerrado, y los pequeños cableoperadores fuera de él.
