La denuncia había sido presentada a fines de 2018 por Fernando Míguez, presidente de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. Según la presentación, Rosenkrantz era el abogado de Arcos Dorados, que tiene en la Argentina la licencia de la casa de comidas rápidas. Le imputaban haber indicado la forma en que la empresa que estaba por quebrar debía transferir todos sus bienes para, de esa manera, perjudicar a los otros acreedores en el proceso de quiebra.

El fiscal Taiano «postuló la desestimación por inexistencia de delito» y atribuyó la situación judicial a «una serie de conflictos de intereses entre las partes enlazadas en un complejo negocio cuyos efectos y consecuencias de índole económico-financieras se hallan en pugna».

Según Taiano, «las circunstancias anoticiadas en modo alguno aportan elementos que habilitan orientar una investigación penal respecto de sucesos cuyos conflictos intrínsecos se encuentran encausados en otros expedientes, hasta incluso de competencia penal específica como es la intervención del fuero penal económico».

En rigor, los reclamos económicos e incluso una denuncia por supuesta evasión tributaria tramitan en otros juzgados, de acuerdo a lo que se desprende de la desestimación de la denuncia.

Ante el planteo del fiscal, el juez federal Daniel Rafecas explicó que el dictamen «veda al juez la posibilidad de proseguir con la pesquisa, pues ante la falta de impulso de esa parte, al solicitar la desestimación de la denuncia que diera origen a estos actuados por inexistencia de delito», es imposible seguir adelante con el expediente.

La denuncia desestimada imputaba a Rosenkrantz el rol de «organizador de una asociación ilícita» mediante la cual se perpetró «una quiebra fraudulenta» con un perjuicio para los acreedores, entre ellos la Afip y la Anses, de más de 20 millones de pesos. Explicaba –además– que en octubre de 2015, cuando aún no había sido designado por decreto en la Corte, Rosenkrantz se contactó con los abogados de la firma Operadora de la Costa SA, franquiciantes de McDonalds en dos localidades costeras y con graves problemas económicos que la encaminaban hacia la quiebra. «Los Dueños de Operadora de la Costa y Arcos Dorados Argentina vaciaron la primera compañía con una compleja maniobra para eludir la Ley y evitar pagar millonarias deudas», apuntaba la denuncia.

Ante el dictamen del fiscal y la resolución del juez, y no habiendo querellantes, el expediente quedó definitivamente archivado con la calificación de «inexistencia de delito». «