Referentes del Frente de Izquierda-Unidad se expresaron en contra de la «persecución política» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, y aseguraron que «es antidemocrático el pedido de inhabilitación» que hicieron ayer los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola al cerrar sus alegatos.
«Rechazamos la persecución política que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para Cristina. Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación», sostuvo anoche la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman a través de su cuenta personal de Twitter.
«Para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares», añadió.
En la misma línea también se expresó el diputado Nicolás Del Caño, quién resaltó que desde el bloque del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) «rechazan el pedido de inhabilitación» de la vicepresidenta.
Asimismo, desde su cuenta de Twitter Del Caño repudió que no se le haya permitido ampliar la indagatoria a la vicepresidenta, lo cual consideró un «elemental derecho de defensa», y solicitó «juicios por jurado ante acusaciones de corrupción».
Por su parte, la dirigente nacional del Nuevo MAS Manuela Castañeira también rechazó «el pedido del fiscal Diego Luciani de cárcel e inhabilitación para Cristina Kirchner por considerarlo un hecho de persecución política» y añadió: «No tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo y del macrismo, amparados desde el Estado y/o facilitados por las relaciones con el mismo. Sin embargo, la justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación a unos respecto de otros».
Finalmente, el histórico dirigente del Frente de Izquierda Christian Castillo también repudió «la persecución política» y calificó de «antidemocrático» el pedido de inhabilitación.
