Una investigación publicada en Tiempo en el último aniversario del golpe de Estado cívico militar reabrió el debate sobre la legitimidad y legalidad de las leyes sancionadas durante la última dictadura.
Como publicó este medio, aún quedan vigentes 417 leyes creadas entre 1976 y 1983, alrededor de 1 de cada 10 de normas. La secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó su Plan Nacional de Derechos Humanos y entre las medidas que impulsa se encuentra la confección de un digesto de la normativa que produjo la última dictadura.
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Elaborar un Digesto normativo de toda la legislación aprobada entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, a fin de proponer la anulación o derogación de todas aquellas normas que no resulten congruentes con el ordenamiento democrático o resulten violatorias de los Derechos Humanos en su integralidad, señala textualmente el texto que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
Entre las leyes más destacas que continúan vigentes de la última dictadura se encuentra el Régimen Penal Juvenil, que el gobierno nacional intenta modificar desde su asunción en 2015 para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; la ley de entidades financieras que lleva la firma de José Alfredo Martínez de Hoz, y la ley para el personal de la Policía Federal, que impide por ejemplo a los agentes a denunciar ilícitos por fuera de la fuerza.
El colectivo de periodistas Sin Fin y la ONG Memoria Abierta sistematizaron esa información para abrir un debate sobre la necesidad de impulsar leyes democráticas para la democracia, trabajo que puede verse en www.leyesdeladictadura.com.
«El plan de la última dictadura militar no era hacer una intervención corta sino cambios de base, para lo cual necesitaban leyes. Porque, a menos que una ley se elimine, se anule y se proponga otra, iban a seguir funcionando», explicó Emilia Simison, doctoranda en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y autora de varios trabajos sobre el funcionamiento de la Comisión de Asesoramiento legislativo (CAL), el órgano creado por la Junta Militar para reemplazar al Congreso entre 1976 y 1983.
En ese sentido, se pronunció el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni: «Tendría que ser una tarea del Congreso revisar esta legislación y ver si conviene mantenerla o sancionar leyes que las sustituyan. No se puede decir en bloque, plum desaparecen, porque hay un problema de seguridad jurídica y puede eso causar más daño que mantener la vigencia de las leyes. Pero eso no quita que las autoridades constitucionales y los representantes del pueblo se pongan a revisarlas.
